Anticorrupción abre diligencias contra los ediles del PP de Massamagrell Bailach y Quintanilla por supuesta malversación

Anticorrupción abre diligencias contra Bailach y Quintanilla, ediles del PP de Massamagrell, por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y administración desleal. La denuncia la presentó a Fiscalía el Portavoz Socialista Paco Gómez, y adjuntaba 3 expedientes con un montante de dinero "supuestamente malversado" por valor de 40.000€, según nota de prensa remitida por el PSPV-PSOE a los medios.

La Fiscalía Anticorrupción de Valencia ha comunicado al

PSOE de Massamagrell

el inicio de diligencias previas ante la sospecha de que los hechos denunciados en su denuncia presentada el pasado mes de marzo, contra los ediles del PP de Massamagrell Miguel Bailach Luengo y Joaquín José Quintanilla Rodríguez, pudieran ser constitutivos de un posible delito de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y administración desleal.

En la denuncia, presentada en marzo por el portavoz del PSOE de Massamagrell,

Paco Gómez,

se adjuntan 3 expedientes con un montante de dinero "supuestamente malversado" por valor de 40.000€. Estos expedientes son:

1- El contrato de suministro de una carretilla elevadora por un montante cercano a los 15.000€ (hechos estos ya publicados en prensa en octubre de 2015), donde se adjudicaba la compra de una máquina elevadora a una empresa en la que su objeto social no acreditaba la compraventa de vehículos, y después de adquirir esta días después de ofrecérselo al ayuntamiento.

2- El contrato de designación de letrado en asistencia jurídica al propio Miguel Bailach y al anterior jefe de la policía local, por un coste de cerca de 18.000€, donde no se observa en el procedimiento ni la necesidad, ni porque organismo se ha tramitado la contratación del expediente, ni el procedimiento administrativo seguido.

3-El contrato menor de servicios jurídicos para la defensa del Ayuntamiento contra la denegación de la homologación de un "curso de detección de drogas en conducción", dictada por la Secretaría Autonómica de Gobernación. Un curso del IVASPE que era gratuito, y por el que se acabó pagando por la contratación de un despacho de abogados para presentar un recurso por la denegación de la homologación del "curso de detención de drogas en el ejercicio de la conducción", siendo el principal motivo la falta de capacitación del docente (el jefe de policía local). Los propios informes de contratación exponen las irregularidades cometidas, por un curso que repetimos, era gratuito.

Ahora, tras el estudio de la documentación presentada por los socialistas, la Fiscalía ha comunicado al PSOE de Massamagrell la apertura de diligencias previas contra Bailach y Quintanilla, y la designación de un fiscal instructor del caso.