El expresident de la Generalitat Francisco Camps regresó este lunes a la Audiencia Nacional para ser juzgado por la presunta adjudicación irregular a la trama Gürtel del montaje de un expositor de Fitur en 2009. EFE- Fernando Villar
La fiscal Concepción Nicolás ha respondido a las acusaciones del expresidente de la Generalitat Francisco Camps sobre los acuerdos de conformidad a los que ha llegado con una decena de acusados del juicio a una pieza de Gürtel y ha negado tajantemente que haya pactos "obscenos" o "clandestinos", además de defender el derecho de los acusados a colaborar con la Justicia.
"Estas conformidades no vinculan al tribunal, bien lo sabe quien fue absuelto del "juicio de los trajes" a pesar de la existencia de dos conformidades. "No hay ningún pacto clandestino", ha aseverado la fiscal Anticorrupción en referencia directa a Camps, quien ayer acusó a la FiscalÃa de hacer "pactos secretos y obscenos" y de buscar "a personas para intentar inculpar a otras" a cambio de rebajas en las peticiones de condena.
Con tono severo, la fiscal ha indicado en la jornada de juicio que acoge este martes la Audiencia Nacional que "las conformidades no son un invento del fiscal, no son pactos obscenos, no es nada novedoso, ilegal y clandestino" y ha defendido que la ley y la jurisprudencia recoge el "derecho personal, absolutamente voluntario" del acusado de "colaborar" con la Justicia.
Esos acuerdos buscan la posibilidad de que el fiscal pida atenuantes en las condenas de aquellos "que realicen una declaración eficaz y agilizadora" que sean corroboradas, y ha insistido Nicolás que ese grado de colaboración debe ser "eficaz, seria y relevante".
En el turno de respuesta a las cuestiones previas planteadas, la fiscal también ha rechazado los argumentos de Camps para intentar anular la causa. Ha dicho que "en ningún caso" los delitos están prescritos ni los hechos que se van a juzgar son los mismos por los que fue absuelto el expresident en el caso de los trajes.
En cuanto a la condición del letrado de la Generalitat como acusación particular, muy cuestionada por las defensas, ha admitido que existe un "conflicto de intereses" dado que "ha venido defendiendo" en el procedimiento la "legalidad" de los contratos que se han investigado y emitió un informe en 2013 en el que asà constaba. Por ello, ha considerado que no puede "ostentar" esa representación porque se personó tarde, sino en todo caso adherirse al ministerio fiscal.
Junto a Camps, que se enfrenta a una petición de dos años y medio de cárcel y 10 de inhabilitación acusado de prevaricación y fraude, otros veinticinco acusados se sientan en el banquillo, entre ellos varios ex altos cargos de su gobierno, por la pieza del caso Gürtel centrada en la adjudicación presuntamente irregular a una empresa de la trama del montaje del expositor de la Comunitat Valenciana en la feria Fitur de 2009.
