Antifraude no ha detectado corrupción en los contratos de emergencia por la covid en la Comunitat

La Agencia Valenciana Antifraude ha detectado "déficits" en el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo sobre contratación pública en algunos contratos de material que la Conselleria de Sanidad hizo al inicio de la pandemia por procedimiento de emergencia, pero no "fraude o corrupción".

Antifraude ha finalizado el expediente de investigación que abrió tras recibir un escrito sobre posibles irregularidades en algunas de esas contrataciones, adjudicadas a empresas cuya actividad no guardaba relación directa con el suministro de material sanitario y que en algunos casos eran por primera vez proveedoras de la Conselleria.

En total, ha analizado 11 adjudicaciones de suministro de material sanitario, efectuadas entre marzo y junio de 2020 y que suman más de 18 millones de euros, en los que no ha detectado pruebas que fundamenten la existencia de "fraude o corrupción", pero sí "déficits" en el adecuado cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo sobre contratación pública.

Así, una de las adjudicatarias era una empresa dedicada al mundo del bebé, cuyo objeto social no está relacionado con productos sanitarios y que nunca había sido proveedora de la Conselleria, que suministró mascarillas compradas en China con un coste final repercutido como margen comercial a Sanidad del 20,42 %, equivalente a 501.500 euros sobre los contratos analizados.

Otra de las empresas se dedicaba a fabricar detergentes y productos sanitarios, a la que se encargaron geles, batas y calzas, que en algún caso sirvió los pedidos "con más de seis meses, lo que difícilmente justificaría la tramitación de emergencia" y supuso mantener precios "muy elevado" cuando en el mercado estaban ya a la mitad.

Además, esa empresa solo fabricó el hidrogel y compró a otros proveedores los otros productos, lo que encareció un 22'52 % el precio para la Conselleria, con un sobrecoste final para esta de 1'6 millones de euros, expone la resolución de investigación.

Antifraude califica el hecho de que la Conselleria de Sanidad contratara directamente las prestaciones sin dejar constancia de otras ofertas existentes en el mercado como "irregularidad no invalidante", y ha formulado mejoras para garantizar la objetividad y evitar un sobrecoste en los gastos con fondos públicos.

La entidad que dirige Joan Linares ha recomendado a la Conselleria que revise de oficio los contratos adjudicados a mercantiles que no han acreditado su capacidad y solvencia para ser contratistas, lo que supone "un vicio de nulidad de pleno de derecho", y que adquirieron derechos cuando carecían de los elementos esenciales para su adquisición.

También aconseja que dicte instrucciones internas para que los órganos de contratación de la Conselleria dejen constancia formal por escrito de que las contrataciones se ajustan a precios de mercado y los argumentos objetivos que así lo acrediten o, en su defecto, de las razones de interés general que justifican la contratación no basada en precios de mercado. 

En este sentido, alerta de que en los contratos analizados no consta la solicitud de ofertas a más de una empresa, lo que habría constituido "una buena práctica" para adecuar la tramitación excepcional de emergencia a los principios de libre competencia y de selección de la oferta económicamente más ventajosa.

Asimismo, indica que en los contratos analizados el precio fue fijado mediante la sola aceptación de la oferta presentada por el contratista, al faltar información del órgano de contratación sobre los precios imperantes en el mercado, o la solicitud de solo una oferta, lo que pudo contribuir a que se proodujeran "significativas diferencias de precios" en los productos objeto de contratación.

La entidad señala que, salvo en los supuestos en los que la emergencia sea tal que la finalidad del contrato pueda verse comprometida, es aconsejable que los órganos de contratación soliciten ofertas de diferentes licitadores, y, en su caso, negocien los términos del contrato, procurando proveerse de referencias de los precios de mercado.

Otra de las recomendaciones es que la Conselleria dicte instrucciones para que se deje constancia formal por escrito de que en los expedientes debe constar la exposición razonada de los motivos por los que no es posible recurrir a procedimientos menos restrictivos, y se formalice en los expedientes la ordenación verbal de las contrataciones.