Concentración del Movimiento Feminista . EFE-Ana EscobarEl Juzgado de lo Contencioso- Administrativo número 2 de Valencia ha anulado la resolución de la Delegación del Gobierno que imponÃa sanciones a feministas por supuestos incidentes ocurridos durante las huelgas del 8 de marzo de 2018 y 2019.
En una sentencia del pasado 28 de septiembre, el juzgado estima el recurso presentado contra la resolución del subdirector general de Recursos del Ministerio del Interior en octubre de 2019 que desestima el recurso contra la del Subdelegado del Gobierno de enero de 2018, que multaba a varias manifestantes con 100 euros por infracción leve prevista en el artÃculo 37.4 de la LO 4/2015 de 30 de marzo.
También declara contrarias a derecho dichas resoluciones y, en consecuencia, las anula y deja sin efecto, según la sentencia facilitada a EFE por la defensa.
Las huelgas feministas del 8 de marzo de 2018 y 2019 se saldaron con veinte multas por presuntas faltas de orden público, que ascienden a unos 11.000 euros.
La Audiencia de Valencia celebró el 22 de septiembre un juicio sobre los recursos presentados por las feministas multadas, en el que su defensa argumentó que las expresiones proferidas contra los agentes sancionadores, como "no me toquéis" o "perros", no deben ser consideradas ofensa personal u obstrucción a la acción policial.
Además, puso en duda buena parte de los hechos en los que se basan las sanciones y, según su versión, los agentes sancionadores demostraron animadversión hacia el valenciano.
Ahora la sentencia señala que, dadas las versiones contradictorias, no existe prueba de cargo que permita tener por probada la infracción, por lo que debe aplicarse el principio "in dubio pro reo", y estima el recurso de las feministas.
Por su parte, la Administración alegó que el procedimiento administrativo se ha tramitado respetando los principios de defensa y contradicción, y que la permisibilidad a la crÃtica es distinta a la falta de respeto y las palabras vertidas, que son ofensivas.
Señala la sentencia, que impone las costas a la Administración, que en el informe de ratificación de los agentes actuantes se recoge que estos no conocen el idioma valenciano ni catalán ya que no tienen obligación de conocerlo, y manifiestan que no conocen institución alguna con el nombre "Delegació del Govern Espanyol al PaÃs Valencià ".
La magistrada considera que estas afirmaciones son "totalmente superfluas en cuanto a la infracción y carentes de valor en cuanto al procedimiento" -el uso del idioma propio de la Comunidad Autónoma es un derecho reconocido- pero que sin embargo "dejan entrever una cierta acritud" que se traduce en que el informe "quede privado de la imparcialidad y objetividad atribuida a los informes emitidos por funcionarios públicos".
El Movimiento Feminista recuerda que tiene pendientes todavÃa dos juicios pendientes derivados de las veinte multas impuestas que tendrán lugar el 28 de octubre y otro en una fecha por determinar, y otra multa por los actos celebrados alrededor del 25N de 2019, DÃa por la eliminación de la Violencia contra todas las mujeres.
La Asamblea Feminista de València y Alerta Solidaria han enviado un comunicado conjunto en el que denuncian "la hostilidad" de la PolicÃa Nacional hacia "los movimientos de la izquierda anticapitalista, el feminismo entre ellos", y cuestionan la legitimidad del principio de veracidad, que otorga mayor peso a la versión policial en este tipo de pleito administrativo.
Asimismo afirman que este principio de veracidad ampara el abuso policial y la restricción de derechos fundamentales como el de reunión y manifestación, la libertad ideológica y de expresión y el derecho a la huelga, y añaden que continuarán denunciando la "ley mordaza" hasta su derogación.
