Uno de los exresponsables de la empresa de comunicación Crespo Gomar, José Crespo, durante la Comisión de investigación que se siguió en Les Corts Valencianes sobre la financiación electoral del PSPV y Bloc. EFE-Archivo
Este Juzgado derivó la investigación a juzgados de Madrid, GandÃa y Benidorm porque los expedientes de contratación adjudicados a la empresa de comunicación denominada Crespo Gomar se realizaron supuestamente desde ministerios y ayuntamientos.
El pasado mes de marzo el Juzgado de Instrucción número 3 de GandÃa archivó la parte de la investigación relativa a la adquisición de un inmueble por parte de la Federación Valenciana de Fútbol en 2009 por 525.000 euros en una operación que fue subvencionada al 50 por ciento por el Ayuntamiento de esta localidad.
El inmueble cuya adquisición se ha investigado pertenecÃa al exteniente de alcalde socialista de GandÃa Antonio Gomar, padre del gerente de la empresa de comunicación Crespo Gomar, Alberto Gomar, que trabajó para el PSPV y en varios ministerios en época del gobierno del PSOE.
En mayo el Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm archivó la parte de la investigación relativa a las contrataciones efectuadas por el Ayuntamiento de esta localidad con dicha empresa.
Ahora la jueza de Instrucción 24 de Madrid archiva el procedimiento para investigar el expediente elaborado por órganos del Ministerio de la Vivienda en 2008 de adjudicación de un contrato a la empresa Crespo Gomar para la creatividad de la campaña de publicidad institucional de los contenidos del plan estatal 2009-2012 para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
La magistrada acuerda el sobreseimiento de la causa al no apreciar que se hayan cometido delitos de prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos aunque remite lo actuado al Tribunal de Cuentas "a los efectos que proceda".
La jueza fundamenta que "ha de partirse de la dificultad que de por sà entraña acreditar el hecho de que hasta doce funcionarios del Ministerio de la Vivienda concierten su voluntad para alterar un procedimiento de contratación administrativa beneficiando al adjudicatario en detrimento de otros de los licitadores, además de ser unos hechos que acontecen en el año 2008".
