Arquitectos valencianos critican que en contratos públicos prime el precio, no la calidad

Los arquitectos de Valencia han criticado a la Generalitat por que en la contratación de proyectos de arquitectura del sector público, en contra de los establecido en la legislación vigente, se prime el precio en lugar de la calidad.

La Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) prescribe, según el Colegio de Arquitectos de Valenciaque "los órganos de contratación velarán porque se establezcan criterios de adjudicación que permitan obtenerservicios de gran calidadque respondan lo mejor posible a sus necesidades;y, en especial, en los procedimientos de contratos de servicios que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura".

Las últimas 25 adjudicaciones han superado el 30 % de media en la baja económica de honorarios, según han afirmado las fuentes, que han añadido que los casos más flagrantes son las nueve últimas adjudicaciones de proyectos de colegios e institutos, concretamente en San Antonio de Benagéber, Oliva, La Pobla de Farnals, València, Puçol yDehesa Campoamor-Orihuela, cuyas adjudicaciones han superado en todos los casos el 50 % de baja económica.

El Plan Edificant de la Generalitat Valenciana financia a las corporaciones locales, en quienes delega la redacción de las bases y el desarrollo de los concursos, han explicado los arquitectos. "Al no haber definido la administración autonómica un criterio y objetivo común, la baja económica prima frente a los criterios de calidad", han resaltado.

En todos los casos citados se dio la circunstancia de que ninguno de los licitadores mejor puntuados técnicamente resultó adjudicatario del concurso.

La presidenta del Colegio de Arquitecto, Marina Sender, ha afirmado que "desde la modificación de la ley hace dos años, el resultado ha sido el contrario del que hubiéramos deseado, las bajas son cada vez mayores".

Según Marina Sender, "es muy preocupante que la administración, en un contexto de falta de trabajo, aproveche una interpretación particular de la Ley de contratos para perjudicar a los arquitectos, primando las bajas económicas frente a la propuesta técnica, provocando un aumento lineal de las bajas que parece no tener límite, justo ahora que parece que tras el COVID se va a producir un lamentable ajuste significativo en el sector inmobiliario y en la contratación pública".

Para solventar esta situación, la Oficina de Concursos del Colegio de Arquitectos ha pedido la aplicación de fórmulas matemáticas que primen la calidad frente a la mejor valoración actual de las bajas más cercanas a las temerarias; la desviación mínima sobre la media de las bajas; y, sobre todo, el cambio de modelo de contratación.

De las 948 licitaciones publicadas este año en todo el territorio nacional, solo 12 se han convocado por el procedimiento de Concurso de Proyectos, la forma establecida de contratación cuando "los procedimientos estén encaminados a la obtención de planos o proyectos, principalmente en los campos de la arquitectura, el urbanismo y la ingeniería, a través de una selección que, tras la correspondiente licitación, se encomienda a un jurado".