Arroz-EPDALas últimas noticias de asesinatos a opositores políticos y minorías étnicas por parte de los regímenes de Myanmar y Camboya confirman la vulneración sistemática de los derechos humanos perpetrada en ambos países asiáticos. Por ello, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) reclama a la Unión Europea que suspenda el acuerdo comercial EBA ('Todo menos armas') que mantiene con Myanmar y Camboya, por el cual concede ventajas a sus importaciones de arroz, antes de que termine la cláusula de salvaguarda el próximo 18 de enero de 2022.
La Comisión Europea adoptó este mecanismo arancelario en 2019 tras constatar el sector que el incremento exponencial de las importaciones de arroz índica procedentes de Myanmar y Camboya habían invadido el mercado comunitario y habían hundido la rentabilidad de los productores. Sin embargo, AVA-ASAJA denunció que Myanmar esquivó dicha cláusula de salvaguardia sustituyendo los envíos de arroz índica por arroz japónica –el tipo característico del campo valenciano– pasando de 31.500 toneladas en 2018 a 158.700 en 2020.
El responsable de la sectorial del arroz de AVA-ASAJA, José Pascual Fortea, recuerda que "llevamos estos tres años reclamando a Bruselas que extiendan la cláusula de salvaguarda tanto en el tiempo (más allá del 18 de enero) y que la apliquen también al arroz japónica o redondo, debido a las graves consecuencias que siguen amenazando con acarrear las importaciones asiáticas sobre el sector arrocero europeo. Pero, a medida que Myanmar y Camboya han recrudecido sus ataques al sistema democrático y a los derechos humanos, nuestra reivindicación se amplía para exigir directamente la suspensión de todas sus concesiones al arroz con destino a la UE, puesto que las medidas restrictivas impuestas hasta el momento tan solo se han limitado a personas y empresas controladas por militares".
El arrocero y miembro del Comité Ejecutivo de AVA-ASAJA, Miguel Minguet, ha trasladado estas demandas a la Comisión como vicepresidente del grupo del Arroz del Copa-Cogeca y acusa a la UE de "traicionar sus valores y sus principios fundacionales si sigue premiando con concesiones agrarias a países terceros, en este caso Myanmar y Camboya, que violan sistemáticamente los derechos humanos de su población. ¿Qué puede haber más importante para Europa que los derechos humanos? ¿Por qué oscuros intereses todavía no ha suspendido este acuerdo inmoral e incoherente con sus creencias? Ahora que finaliza el periodo de la cláusula de salvaguarda, Bruselas tiene la oportunidad de demostrar no solo que defiende a su sector primario, sino también que defiende la democracia".
Según el "Estudio de apoyo a una evaluación de impacto para preparar la revisión del Reglamento SPG nº 978/2012" elaborado por BKP Economic Advisors, como consultor de la Comisión, el indicador del Estado de Derecho en Myanmar es de 1,5 sobre 10; aproximadamente 1,13 millones de niños trabajan; hay grandes desigualdades entre las zonas urbanas y rurales; la adquisición de tierras mediante desalojos forzosos continúa; la educación no es gratuita y restringe el acceso a los grupos vulnerables y a las minorías étnicas; los musulmanes rohingya, una minoría, se enfrentan a actos violentos y a una discriminación institucional que les empuja a seguir emigrando. Asimismo, en materia medioambiental, Myanmar tiene una de las tasas de deforestación más altas del mundo debido a la tala ilegal.
Respecto a todos los acuerdos comerciales internacionales, Minguet denuncia "la discriminación que Bruselas impone a los arroceros europeos frente a las menores obligaciones, limitaciones y controles que se aplican a las producciones foráneas". En este sentido, reclama que los tratados establezcan reciprocidad, que limiten las importaciones como complemento y no como sustituto del arroz europeo, y que consideren el arroz como producto sensible. El Centro Común de Investigación de la Comisión Europea prevé que para 2030 las importaciones en la UE seguirán aumentando, lo que dará lugar a una reducción de la producción europea de arroz (-1,5%), de su precio en origen (-7%), y del valor económico (-95 millones de euros).
