La Asociación Valenciana de Agricultores
(AVA-ASAJA) ha reclamado a la Delegación del Gobierno en la Comunitat
Valenciana la puesta en marcha de una campaña especial de vigilancia destinada a
combatir los robos de algarrobas en las explotaciones valencianas y su posterior
compraventa en el mercado negro. La organización agraria alerta de que, aunque
las labores de recolección no deberÃan empezar hasta la segunda quincena de
agosto, ya se han detectado los primeros hurtos de este fruto seco alentados por el
incremento del 50% de los precios que se barajan a pie de campo.
Efectivamente, si bien hay zonas como la de la Ribera en las que se estima
un aumento de la cosecha, la escasez de producción generalizada que se prevé
esta temporada a causa de la sequÃa está elevando el valor de la algarroba a unas
cifras que se mueven en torno a los 0,45 euros por kilo, cuando las cotizaciones
medias que han percibido los productores en los últimos ejercicios no solÃan
sobrepasar los 0,25-0,30 €/kg. En estas circunstancias y con los antecedentes
recientes, los agricultores temen una intensa ola de robos por parte de bandas
organizadas que, conocedoras de los entresijos del Código Penal, sustraen
cosechas enteras con rapidez y encuentran facilidades para el manejo y la venta
clandestina del producto.
La organización que preside Cristóbal Aguado solicita al nuevo delegado del
Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Fulgencio, que mantenga una coordinación
con los representantes de las entidades agrarias y con los alcaldes de las zonas que
son susceptibles de sufrir este tipo de hurtos (entre las comarcas más afectadas
destacan la Hoya de Buñol, L'Horta, La Ribera y el Camp de Túria). Precisamente a un buen número de estos alcaldes se ha dirigido la propia AVA-ASAJA solicitándoles
la máxima colaboración en las tareas de vigilancia en sus respectivos términos
municipales durante la temporada de la algarroba, la cual se prolonga hasta
septiembre.
AVA-ASAJA destaca la necesidad de intensificar los controles tanto en las
explotaciones y los caminos rurales como en los centros de recepción, mercadillos y
fruterÃas que podrÃan adquirir mercancÃa robada y comercializarla sin garantizar su
trazabilidad ni tributar los impuestos oportunos. Asimismo, una vez localizados, la
organización solicita más agilidad en los procesos judiciales para evitar que se dilate
en el tiempo el cierre de estos operadores clandestinos.
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