Un agricultor muestra un paquete de arroz con sello de denominación de origen durante el acto de protesta sectorial del arroz convocada por las organizaciones profesionales agrarias. Archivo-EFE-Biel AliñoLa Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) considera "inaudito" que el Gobierno de España deniegue la autorización excepcional de la materia activa 'profoxydim', que se emplea como herbicida en el cultivo del arroz contra las malas hierbas 'Echinochloa' y 'Leptochloa', mientras Italia y Portugal sí autorizan la sustancia para esta campaña.
El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, ha señalado que la ministra de "Intransigencia Ecológica" Teresa Ribera sea "enemiga número uno del campo español" y el ministro de Agricultura, Luis Planas, "vulgar cómplice de sus atropellos".
Aguado ha afirmado que el Gobierno legisla por "ideología pseudoecologista" pues si dos países europeos como Italia y Portugal, con unas particularidades climáticas y agronómicas similares a las de España, han dado luz verde a la autorización excepcional de esta materia activa, el Gobierno español "debería explicar por qué motivo no lo autoriza también".
Para AVA, supone una pérdida de competitividad que causará un encarecimiento de los costes de producción y, por tanto, del precio del arroz y un abandono de las explotaciones que, en este caso, "pone en peligro" la preservación de parques naturales de gran valor medioambiental como La Albufera y la Marjal de Pego-Oliva.
El responsable de la sectorial del arroz, José Pascual Fortea, afirma que las malas hierbas se han convertido en un problema extraordinario a medida que se ha ido prohibiendo el uso de cada vez más materias fitosanitarias.
En 2021 fueron los productos fitosanitarios a base de propanil, y ahora el profoxydim, lamenta la asociación agraria.
El Gobierno francés acaba de anunciar que dejará de añadir prohibiciones de materias fitosanitarias a las que imponga la UE y no aplicará nuevas prohibiciones a menos que se ofrezca una alternativa a los agricultores, según AVA, que critica al Gobierno español por ser "más papistas que el papa e ir más allá de lo que impone la normativa europea".
