La coalición electoral AVANT, ha presentado en el día de hoy denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, por los acuerdos a los que han llegado los grupos parlamentarios de Les Corts Valencianes.
Después de un estudio realizado por diversos especialistas en Derecho y vista la situación económica acutal.
En la situación de crisis económica actual en la que según la red europea de lucha contra la pobreza en su informe del 2015 entre otros muchos datos referentes a la Comunidad Valenciana revela que el 34.7 % de la población Valenciana está en riesgo de pobreza o exclusión.
Estos grupos parlamentarios sabiendo que las tesorería de la Generalitat esta vacía y que se debe más de lo que se puede pagar, se reservan o desvían 16 millones de euros en esta legislatura para entre otras cosas pagar un seguro de vida.
Estos grupos parlamentarios, en esto sí que han estado todos de acuerdo, además de estipular el sueldo, gratificaciones, indemnizaciones, dietas primas, ayudas a los diputados que viven en otras poblaciones así como las contratación de personal de los diferentes grupos parlamentarios y como las subvenciones a los diferentes partidos políticos.
Acuerdan que a cargo del presupuesto de Les Corts, se pague un parking privado para los diputados, y se subvencione un comedor , donde al parecer pueden consumir güisquis a precios irrisorios y por último acuerdan la contratación de un seguro privado de vida para todos los diputados, lo cual parece totalmente innecesario dado que la labor de diputado en la Comunidad Valenciana no acarrea un especial peligro, y ello a pesar de contar con un servicio especial de seguridad en el edificio de Les Corts y en algunos casos un servicio de seguridad privado, además del servicio de seguridad del que gozan todos los ciudadanos.
Sin olvidar el régimen especial del que gozan tanto fiscal como de jubilación.
Todas estas prebendas parecen totalmente innecesarias y más en la situación económica actual y después de los compromisos adquiridos.
Se solicita al Ministerio fiscal como parte del Poder Judicial, un poder independiente del ejecutivo y legislativo para que actúe de forma contundente contra estos comportamientos y que estudie las figuras jurídicas legales, además de la malversación de fondos con las que hacer frente a estos gastos tan disparatados.
Se propone que se estudien figuras como la mala administración de fondos públicos y que en una interpretación amplia o lata pueda asimilarse al despilfarro de fondos públicos.
O se tengan en cuenta otras figuras como lucros indebidos, mala administración de los bienes públicos teniendo en cuenta que se hace con abuso de su posición dominante, o también la administración desleal al gastar estas cantidades en la situación económica actual o la prevaricación administrativa es decir unos gastos públicos desproporcionados sin utilidad social y que pueden suponer una merma para el bienestar de los ciudadanos.
Se solicita se estudien figuras jurídicas no solo del ámbito penal, sino también, Civil, Mercantil, Administrativas,
Desde este grupo político ya se dirigió escrito en el mes de julio de 2015 a todos los grupos parlamentarios y al presidente de la Camara solicitando renunciaran a estos acuerdos y no los aplicaran, sin haber recibido respuesta alguna.
