El portavoz adjunto del PSOE en el Congreso y diputado por Valencia, José Luis Ábalos, ha registrado una batería de preguntas para que el Gobierno aclare qué medidas de control ha ejercido en la sociedad estatal ACUAMED, investigada por la Audiencia Nacional, presuntamente por inflar contratos de obras hidráulicas.
El diputado reclama en su escrito que el Ejecutivo, como máximo responsable de la sociedad investigada, "detalle qué miembros del consejo de administración de ACUAMED tienen o tenían responsabilidades en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el momento de salir a la luz pública este proceso judicial".
Además, el diputado pide que el Gobierno explique si el Ministerio tenía conocimiento de las actuaciones que se estaban llevando a cabo por la autoridad judicial en relación a esta sociedad estatal. "El Gobierno debe dar cuenta de las medidas que se han adoptado y qué responsables del Ministerio habían sido informados, con anterioridad a hacerse públicos, de los hechos investigados y desde cuándo son conocedores de ello".
Ábalos ha señalado que la sociedad estatal ACUAMED se define como el principal instrumento gubernamental para el desarrollo del Programa de Actuaciones en las Cuencas Mediterráneas y con ello toda clase de obras hidráulicas en las cuencas hidrográficas del Segura, Júcar, Ebro, Cuenca Mediterránea Andaluza y Cuencas Internas de Cataluña.
"En definitiva, estamos hablado de un sector de enorme importancia estratégica para el Estado, que repercute directamente en la calidad de vida de la población y en áreas clave de la economía", ha resaltado.
El parlamentario socialista ha afirmado que algunas de las actuaciones llevadas a cabo por ACUAMED "han sido puestas en cuestión por la autoridad judicial, que ha tomado la iniciativa de intervenir, ante las graves irregularidades que, al parecer, se habían detectado en la gestión de determinadas obras y contratas".
Son actuaciones en las que, ha continuado, "se han visto involucrados responsables del más alto nivel de esta empresa pública e incluso sus sedes oficiales en distintas localidades, en las que se han personado los agentes de la autoridad, con la subsiguiente alarma y repercusión pública por la magnitud del caso".
A juicio del diputado, este escándalo judicial "compromete la fiabilidad y la credibilidad del Ministerio para gestionar cuestiones de tanta trascendencia como el agua, puesto que al parecer ya disponía de información sobre alguna de las materias objeto de investigación".
Por ello, entre las preguntas que ha registrado, el parlamentario solicita que se explique si los hechos ahora investigados se denunciaron ante la autoridad judicial. "En caso afirmativo queremos conocer cuándo y, de no ser así, el Gobierno deberá decir por qué no se hizo".
Ábalos también pregunta en su escrito si dispone el Ministerio de algún informe para justificar su postura ante este caso y si se ha realizado desde el Gobierno un cálculo de la cantidad detraída. En esta línea, el diputado pide conocer si el Gobierno va exigir la devolución de la misma.
Finalmente, el portavoz adjunto reclama que se especifique si este caso investigado afecta a la seguridad o garantía de las obras realizadas. "En base a ello también requerimos información sobre la realización de algún estudio sobre los trabajos ejecutados por ACUAMED".
