Ábalos solicita al Supremo que anule su procesamiento por la falta de pruebas

El exministro y diputado por Valencia, José Luis Ábalos, ha pedido a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que anule su procesamiento en la causa sobre la compra de mascarillas al considerarse víctima de una instrucción "desequilibrada", sin pruebas y basada únicamente en las afirmaciones de la UCO y en la que se ve "abocado a un cadalso en el que solo puede forcejear inútilmente clamando por su inocencia".

En su recurso de apelación contra el auto de transformación en procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento), la defensa de Ábalos reitera a lo largo de 78 páginas las diligencias de prueba que solicitó sin éxito al instructor Leopoldo Puente, al que acusa de "asumir a pies juntillas el relato de la fuerza actuante y omitir sistemáticamente la práctica de las evidencias solicitadas por esta representación".

Un procedimiento, critica, cuya base son las declaraciones del comisionista Víctor de Aldama "sin aportar ninguna prueba más que su palabra y tres hojas de fotocopias" y cuyo presunto pacto con la Fiscalía supone "una suerte de híbrido procesal" que desequilibra el proceso "en perjuicio de quienes no quisieron pactar".

También pone en cuestión las "gigantescas" cantidades de las que Aldama acusa a la trama de haberse beneficiado "primero un millón, luego dos, y ahora parece que cinco" y "que no aparecen por parte alguna".

"Solo tergiversando los números, se ha llegado a una cifra de apenas 95.000 en diez años, lo que hace una cantidad de apenas 9.500 euros al año. Pues bien, una supuesta comisión por este importe debida a la adjudicación de material sanitario y otras facilidades ante distintas administraciones se antoja bastante ridícula", observa sobre el informe patrimonial de la UCO.

Al respecto subraya que en el análisis de sus cuentas bancarias no han sido detectadas "desviaciones que se esperarían encontrar si tenemos en cuenta que hablamos de grandes cantidades de dinero de operaciones de distinta magnitud", añade.

En cuanto a que apenas extrajera dinero de sus cuentas, su abogado recuerda que en el periodo en el que Ábalos fue ministro (de junio de 2018 a julio de 2021), "tuvo cubiertos prácticamente la mayoría de los gastos sin necesidad de realizar disposiciones bancarias ni desembolsos", a lo que se suma que la economía familiar contaba también con los ingresos de su exesposa Carolina Perles.

"La terca realidad es que no hay dinero procedente de esas 'mordidas' millonarias", destaca.

Niega también que Koldo fuera "custodio" de ningún dinero suyo, sino que lo que hacía era adelantarle el pago de gastos que él después le devolvía, y tampoco lo era su hijo Víctor Ábalos, del que asegura que sus actividades profesionales en Colombia cumplen con la normativa de prevención de blanqueo de capitales.

En cuanto a la causa en sí, asegura que los contratos examinados "se ajustaron a la normativa excepcional que les resultaba aplicable, por lo que las operaciones articuladas a través de los mismos no vulneraron la normativa reguladora de la gestión de fondos públicos en general, ni la de contratación pública en particular".

Entre las pruebas denegadas y por las que pide que se anule el procesamiento para poderlas poseer antes del juicio, figura que se le devuelva el disco duro de su propiedad intervenido en el domicilio de Koldo y cuyo análisis pericial tecnológico considera "crucial" para conocer si se produjo "una investigación clandestina" antes de solicitar al Congreso el suplicatorio para poder imputarle.

También insiste en que se requiera a Transportes que certifique el número de folios entregados a su secretaria entre 2018 y 2021 para tratar de demostrar que con ese término no se refería a billetes "como prueba de contraste" a lo mantenido por la UCO.

Reitera asimismo la necesidad de que se investigue la distribución de mascarillas y se requiera a Correos los albaranes de entrega de ese material procedentes del Ministerio de Transportes y que este a su vez certifique el número de mascarillas sobrantes que había en el Ministerio tras su distribución por Correos.

También que se solicite a Transportes si se facilitó a terceros el acceso a las dependencias donde se guardaban las mascarillas y que se cite como testigos al Subteniente de la Guardia Civil José Luis Rodríguez y al conductor asignado al Ministerio de Transportes.