José Luis Ábalos durante un pleno del Congreso de los Diputados en una imagen de archivo. EFE-Borja Sánchez-Trillo
El exministro de Transportes y diputado por Valencia José Luis Ábalos ha vuelto a cargar contra la investigación abierta en el Tribunal Supremo, en la que "todo vale", y ha recurrido la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y las comparecencias quincenales que le impuso la pasada semana el juez Leopoldo Puente.
El magistrado acordó estas medidas cautelares contra Ábalos -las mismas que pesan sobre su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama- tras comparecer como investigado el pasado día 20, al haber obtenido el suplicatorio del Congreso que le levantaba su inmunidad.
La defensa de Ábalos ha presentado dos recursos: uno de reforma ante el juez y subsidiario de apelación ante la Sala de lo Penal, en el que recurre estas medidas; y otro ante la Sala contra la negativa del magistrado a revocar la investigación patrimonial que acordó contra él y su hijo, entre otras medidas.
El exministro impugnó la batería de diligencias acordada por el juez, incluida la indagación en las comunicaciones que Aldama pudiera haber tenido con aforados como el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, o el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
Tras el rechazo del juez a su recurso, ahora ha recurrido ante la Sala de Apelación, y ha cuestionado que se dirija una "investigación prospectiva" (general) contra él y contra su hijo -que está citado como testigo en marzo-.
El exministro pide en su nuevo recurso, al que ha tenido acceso EFE, delimitar la diligencia sobre las conversaciones telefónicas en relación al ministro Torres, que tiene "varias decenas de subordinados", "desde el alguacil hasta el subsecretario de Estado".
Y denuncia, una vez más, lo que entiende que es una "causa general penal" basada en las manifestaciones de Víctor de Aldama, que afecta también a personas aforadas.
En su otro recurso, Ábalos solicita al juez Puente que "deje sin efecto" la retirada de pasaporte y la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado y, alternativamente, pide que estas comparecencias puedan realizarse también en Valencia, donde vive.
La defensa argumenta que el exministro no pretende sustraerse de la acción de la Justicia, que "carece de un total absoluto riesgo de fuga", que no pretende viajar al extranjero y en caso de que así fuera "tiene obligación de volver dado que es diputado", al margen de destacar que "las cautelares, ante su ya delicada situación personal y popular, denostarían aún más si caben su imagen".
El juez acordó estas medidas al considerar que "persisten los indicios de la posible comisión de diferentes ilícitos penales" que "podrían colmar, cuando menos," los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, sin citar la malversación, como sí que hizo en anteriores ocasiones.
Puente señaló que estas medidas "resultan precisas, en atención a la particular gravedad de los hechos delictivos que se le atribuyen, con el fin de asegurar, en la medida razonablemente posible, que el investigado no pueda en lo porvenir sustraerse a la acción de la justicia y que comparecerá en la causa cuando fuere llamado".
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