El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre la dana de 2024 de Les Corts Valencianes que se reúne, tras dos meses sin hacerlo. EFE-Manuel Bruque
El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha centrado su intervención en la comisión de investigación de Les Corts sobre la dana de 2024 en señalar al comité permanente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) como el órgano que asumía la dirección y toma de decisiones en la presa de Buseo el día de la tragedia.
En concreto, Barrachina ha apuntado al presidente de la CHJ, Miguel Polo, como figura clave en ese comité. "Quien dirigía, tenía la responsabilidad y tomaba decisiones" era este órgano, ha insistido.
El conseller ha asegurado que el representante de la Generalitat en el Cecopi era el propio Miguel Polo, quien, según ha afirmado, disponía de la información previa al fallecimiento de dos personas en Sot de Chera.
"¿Por qué Miguel Polo y Pilar Bernabé, disponiendo de la información, deciden guardar silencio? Ellos tendrán la respuesta, yo no", ha señalado durante su comparecencia.
Barrachina ha rechazado las críticas sobre su actuación y ha afirmado que no dejó de trabajar "ni un solo minuto" durante la jornada de la dana. Además, ha defendido que la respuesta de su departamento fue "extraordinariamente" eficaz en materia agrícola y ganadera.
También ha negado haber cuestionado a la empresa Typsa, encargada de la explotación de la presa, y ha reiterado que la responsabilidad recaía en el comité de la CHJ según las normas vigentes.
La comparecencia ha estado marcada por el enfrentamiento entre grupos parlamentarios. Desde el PSPV y Compromís han acusado al conseller de eludir responsabilidades y le han instado a dimitir, mientras que el PP ha defendido su versión y ha acusado a la oposición de "tergiversar" los hechos. Vox, por su parte, ha señalado problemas estructurales en la gestión de las presas.
Barrachina ha destacado que la presa de Buseo contaba con un plan de emergencias en vigor, a diferencia de otros embalses, y ha asegurado que disponía de revisiones de seguridad recientes en 2024. En contraste, ha afirmado que otras infraestructuras no han sido revisadas en años.
Asimismo, ha recordado que la externalización de la gestión de la presa fue decidida en 2022 por el anterior gobierno autonómico.
El conseller ha puesto en valor la inversión realizada por la Generalitat, que ha cifrado en cifras superiores a etapas anteriores, y ha señalado que el plan de reconstrucción de la presa contempla una inversión total de 35 millones de euros.
Además, ha mencionado ayudas por valor de más de 95 millones de euros y ha criticado la falta de aportación económica del Gobierno central.
Las intervenciones en la comisión reflejan la falta de consenso sobre quién asumió la responsabilidad durante la emergencia, en un contexto marcado por acusaciones cruzadas entre administraciones y partidos políticos.
