La diputada del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Elena Bastidas Así, Bastidas señala que la norma supone una "posible inconstitucionalidad" al entrar en contradicción con el artículo 149 de la Carta Magna en el que se recoge que corresponde al Estado las competencias en exclusiva de las relaciones internacionales. Tanto es así que la competencia estatal en materia de relacionales internacionales y el ámbito para que las CC.AA desarrollen su acción exterior se ha definido en numerosas sentencias del Tribunal Constitucional.
Además, el Proyecto de ley comete "errores de principiante" porque está basado en un "incorrecto entendimiento" de lo que ha supuesto la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible donde se especifica que "la respuesta, las estrategia y el desarrollo son de ámbito nacional". "Obviar torticeramente esta base y arrogarse competencias estatales es levantar la norma desde el engaño".
Es "prematuro", cuando no "abiertamente inconstitucional", que una ley de ámbito autonómico realice numerosas referencias al diseño, a la estrategia y a los principios que inspiran la Agenda 2030, cuando "todavía nos encontramos en fase de definición preliminar de la estrategia de apropiación nacional de la misma".
Además, ha tildado de "incomprensible, fallos" como el de superponer la acción del Consell a la de Les Corts al restarle "protagonismo" a la cámara autonómica y dejarla solo como "organismo para rendir cuentas" cuando es el responsable de la planificación y el control de la gestión pública.
Bastidas se ha pronunciado así cuando se cumple el plazo para presentar las enmiendas al Proyecto de Ley de la Generalitat de Cooperación y Desarrollo Sostenible y ha tildado de "fallos ridículos" que la norma incluya definiciones como "el paradigma Norte-Sur, una terminología completamente obsoleta en el ámbito de la Cooperación y ha tildado de "muy grave" que "deje negro sobre blanco su manifiesto desconocimiento al Plan Director de Cooperación española al que le corresponde la competencia en estas prioridades".
Así, ha señalado que las "metidas de patas" se suceden en el articulado donde se plantea "una quiebra frontal de competencias del Estado en materia de relaciones internacionales".
