La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular, Beatriz GascóLa portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular, Beatriz Gascó, ha señalado que "Marzà está cometiendo un acto de desobediencia a los tribunales sin precedentes" y ha advertido que "la ley en un estado de derecho está para cumplirse".
Beatriz Gascó ha indicado que "Marzà dijo en sede parlamentaria que daría directrices sobre la suspensión del decreto del chantaje lingüístico en las instrucciones de inicio de curso, pero el borrador emitido por Educación no cambia nada para sorpresa de todos".
Gascó ha manifestado que "el conseller ha mentido, no ha cambiado nada, ni tampoco indica a familias y centros cómo se tiene que proceder. Marzà ha dejado clara su voluntad de seguir adelante con una norma que es discriminatoria y que no está en vigor. Esto es un acto de desobediencia a los tribunales sin precedentes por parte del conseller Marzà. Desde el Grupo Popular no vamos a consentirlo porque la ley en un estado de derecho está para cumplirse y no pararemos hasta exigir unas instrucciones que den respuesta a las dudas de las familias, a la inseguridad jurídica que están viviendo y que den cumplimiento a lo que exige el TSJCV".
La portavoz popular ha señalado que "lo que está pasando es muy grave porque estamos ante una norma discriminatoria e incluso anticonstitucional. El conseller Marzà ha dejado claro que el chantaje ha funcionado porque las familias y los centros se han visto obligados a tener que escoger niveles con más asignaturas de valenciano para poder tener más asignaturas de inglés. Esto es una coacción y es una de las razones por las que los tribunales la han suspendido de forma cautelar porque los daños podían ser irreparables".
"Cuando ya creíamos que el tema estaba solucionado –ha manifestado Gascó- ahora vemos que Marzà no aplica la suspensión del decreto y que en las instrucciones de inicio de curso no da ni una sola directriz para que las familias, los centros, los equipos directivos, los docentes y el resto de la comunidad educativa sepan cómo proceder. Se está dando un incumplimiento flagrante de la sentencia que desde el GPP no vamos a consentir".
La diputada popular ha afirmado que "Marzà tiene la obligación de dar respuesta y cumplimiento a la paralización de ese decreto. Eso no significa que no tiene que seguir desarrollándolo sino que tiene que volver al decreto anterior de 2012, a la norma que está vigente, porque son muchas las quejas que nos llegan por la incertidumbre e inseguridad jurídica que está generando".
La portavoz popular ha afirmado que "no puede ser que los programas informáticos de la Conselleria continúen siendo básicos o avanzados, que se sigan comprando los libros en base al proyecto lingüístico de Marzà. Está echando un órdago a la legalidad con estas nuevas instrucciones donde todo el mundo está desconcertado y nadie sabe cómo actuar. No sabemos si la matriculación es un proceso que está cerrado. Las familias han escogido en base a unas reglas del juego que después han ido cambiando. Es necesario que Marzà elabore unas instrucciones específicas que ponga luz en todas aquellas sombras que tiene la comunidad educativa a la hora de aplicar esta norma tan sumamente discriminatoria".
Por último, Beatriz Gascó ha señalado que "ha llegado el momento de que Marzà asuma sus responsabilidades políticas. Han sido miles las personas que han salido a la calle contra este decreto. Pero que después de que lo paralicen los tribunales, él siga adelante significa que no está capacitado para seguir en el cargo. Una persona que impone una ideología por encima de los intereses, de los derechos, de las libertades y por encima del propio aprendizaje de los alumnos demuestra que no está legitimada ni capacitada para el cargo. La desobediencia en un estado de derecho jamás puede ser una respuesta a un problema".
