Entrada al juzgado. FOTO: EUPVEl diputado de EUPV, Ignacio Blanco, ha declarado que "parecía previsible, aunque no deseable; Calatrava no ha venido a responder a nuestras preguntas como acusación popular. Esquerra Unida puso la denuncia, EU está impulsando este proceso de instrucción judicial y, sin embargo, Calatrava no quiere responder a las preguntas de EU. Tampoco ha respondido al resto de preguntas del resto de defensas, porque seguramente tienen intereses contradictorios: las defensas intentan, lógicamente, salvar el papel de sus clientes, y Calatrava el suyo. Hubiera sido un detalle de valentía y de coherencia haber respondido también a las defensas de Eusebio Monzó y de los demás imputados".
"Calatrava sólo ha respondido a las preguntas del juez, a las preguntas del fiscal y a las preguntas de una de sus dos defensas, porque tiene representación como Santiago Calatrava y tienen representación como empresa también. Y de esas respuestas sí que han salido algunos temas importantes: por ejemplo, una llamada telefónica y una reunión con Francisco Camps: nos parece significativo, porque uno de los grandes misterios de este caso, que nosotros intuíamos por dónde podía resolverse, era quién estaba arriba del todo dando la orden, dando las instrucciones, moviendo los hilos para que Calatrava saliera beneficiado con 2,7 millones de euros de dinero público, que pudieron ser muchos más si el proyecto se hubiera llevado a cabo. Al parecer, hay una llamada telefónica de Francisco Camps antes de que se concrete la dimensión del proyecto, cuando estaba en duda entre los 16000 metros cuadrados iniciales y los creo que 80000 que finalmente se diseñan por parte de Calatrava, Francisco Camps le llama para pedirle que hiciera algo muy emblemático, que hiciera algo que pusiera a Castellón en el mapa: ése discurso del Partido Popular de las grandes obras…"ha añadido Blanco.
"Al margen de eso, hay otra declaración importante y, además, a preguntas de su defensa. Ha dicho que antes de que se produjera el pago que se le negaba, desde nuestro punto de vista de manera justificada porque su proyecto no cumplía las condiciones contractuales, antes de ese pago recibió una llamada de Cristina Morató, que era la responsable política de la Sociedad de Proyectos Temáticos. Y, en ese sentido, Cristina Morató, que tiene que venir también a declarar como imputada el jueves de esta semana, deberá responder por qué esa llamada se produjo y si esa llamada fue determinante para que se desbloqueara un pago que se estaba negando reiteradamente argumentando en informes técnicos que no se había cumplido con el contrato. Después también hay un certificado de acuerdo del consejo de administración de la Sociedad de Proyectos Temáticos, donde se dice que se le pagó a pesar de que no había cumplido el contrato y a pesar de que se le seguía exigiendo que modificara el proyecto. ¿Qué papel tuvo esa llamada? ¿Fue una llamada que hizo cambiar de opinión a Cristina Morató? ¿Cómo puede cambiar una responsable política de opinión sobre la gestión del dinero público porque le llame una empresa contratista, aunque se llame Santiago Calatrava? Parece también un hecho muy significativo que el juez tendrá que valorar y que seguramente influirá en la toma de declaración como imputada a Cristina Morató el próximo jueves".
En definitiva, "lo que vemos es que esa foto de cuatro personas –Alberto Fabra, Carlos Fabra, Francisco Camps y Santiago Calatrava- presentando la maqueta del Centro de Convenciones de Castelló, nos costó 2,7 millones de euros porque se gestionaba de manera muy alegre el dinero público, porque aquí se tiraba con pólvora de rey, se gastaba tirando de chequera sin pensar que era dinero de todos los valencianos y de todas las valencianas. Y nuestra intención es seguir impulsando el proceso de instrucción judicial para que se llegue a determinar qué pasó y sobre todo que se depuren responsabilidades penales, de Calatrava y de aquellos que le pagaron".
