El exconseller Rafael Blasco, condenado a seis años y medio por delitos de malversación y falsedad documental, en una imagen de archivo. EFE
La concesión de esa medida fue aprobada por Instituciones Penitenciarias a propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión de Picassent, con fecha del 29 de enero, tras cumplir tres años y siete meses de la condena impuesta.
Hasta ahora Blasco, de casi 74 años, habÃa disfrutado de dos permisos penitenciarios ordinarios: el primero a finales de 2017 y el segundo en el verano de 2018.
En ambos casos, fueron concedidos por el juez de vigilancia penitenciaria tras sendos informes favorables de la Junta de Tratamiento y sin oposición del Ministerio Fiscal por entender que podÃa "redundar en beneficio del interno y en la consecución de la rehabilitación del mismo".
Blasco fue dado de alta este jueves en el Centro de Inserción Social (CIS) de Valencia, en unas instalaciones cercanas al centro penitenciario, donde deberá pasar la noche, según han informado fuentes de Instituciones Penitenciarias.
Los reclusos que siguen cumpliendo condena en el CIS siguen sometidos a las revisiones periódicas sobre su clasificación, de modo que únicamente cambian a un régimen abierto, en función de su situación personal y los motivos por los cuales se les ha concedido el tercer grado penitenciario.
Los reclusos en tercer grado pueden acudir a un puesto de trabajo, en caso de que lo tengan; acudir a sus domicilios para cuidar a familiares, realizar labores de voluntariado o asistir a terapias en caso de necesitarlas, todo ello en función de las actividades que se le marquen desde el centro atendiendo a cada situación concreta, han informado las mismas fuentes.
El exconseller y exdirigente del PP tiene pendiente el juicio por otras dos piezas separadas del caso Cooperación, que previsiblemente se celebrará entre el 15 de abril y el 19 de julio de este año, según las estimaciones previstas inicialmente por las partes.
Junto a Blasco se sentarán en el banquillo otros veintitrés acusados por el desvÃo de unos cuatro millones de euros de ayudas públicas destinadas a proyectos humanitarios.
En este juicio se determinarán las responsabilidades por las supuestas irregularidades cometidas al conceder subvenciones a ONG en 2009, 2010 y 2011 y para el proyecto de construcción de un hospital en HaitÃ.
Sobre la mayor parte de los procesados pesan las acusaciones de prevaricación, cohecho, asociación ilÃcita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental
