La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha asegurado en Les Corts que resulta "indecente" que el Gobierno central pretenda cobrarle a la Generalitat el IVA por subvencionar el servicio de Justicia Gratuita que el Consell ofrece a los colectivos más vulnerables.
Gabriela Bravo ha informado sobre el transcurso de la reunión del pleno de la Conferencia Sectorial de Justicia que se celebró este miércoles en Madrid.
En este sentido, la titular de Justicia del Gobierno valenciano ha asegurado que todos los consejeros del ramo mostraron el "rechazo unánime" ante la decisión de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda respecto a la consideración de que el coste del servicio de Justicia Gratuita ha de tributar.
Para Bravo, "estamos ante una decisión más polÃtica que jurÃdica" que no tiene sentido porque "no entendemos por qué se interpreta, ahora y de esta forma, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 2016 cuando ya habÃa otra parecida del año 2010 que nunca se aplicó". El fallo de la alta corte europea hacÃa referencia a las peculiaridades del sistema jurÃdico español de justicia gratuita (que incluye el turno de oficio) y al sistema belga que no tiene nada que ver con el español, según ha explicado la consellera Bravo porque "las comunidades autonómas no realizan una retribución sino que otorgan una subvención" para ayudar a los colectivos más vulnerables y, por ese motivo "no es aplicable la interpretación torticera que el ministro Montoro hace de la sentencia".
Si la pretensión del Gobierno central se llevara a término, la Generalitat tendrÃa que abonar al Ministerio de Hacienda casi cinco millones de euros en concepto de IVA. Tal medida supondrÃa que el Consell tendrÃa que pagar esta cantidad "con cargo a los Presupuestos de 2017, cuando esa suma no está presupuestada". Para Bravo, el hecho de que el 50% de ese IVA repercuta en las comunidades autónomas, no soluciona el problema porque "el Ejecutivo lo devolverÃa cuando le viniera bien", mientras se continúa "estrangulando financieramente a las autonomÃas".
La consellera Gabriela Bravo ha defendido que, para el Consell que preside Ximo Puig, los servicios de justicia gratuita son "una prioridad absoluta" como se demuestra en el hecho de que, en estos casi dos años, "se ha incrementado casi un 35% la dotación presupuestaria, aumentando en ocho millones de euros la partida inicial que destinaron los gobiernos del PP. Hemos dignificado y mejorado el servicio con el nuevo Decreto de Justicia Gratuita y subvencionando actuaciones procesales que antes no se pagaban. También hemos creado nuevos servicios de orientación jurÃdica para poder dar atención a las personas más vulnerables". Por todo ello, para Gabriela Bravo, es "indecente que el señor Montoro trate de estrangular a las comunidades autónomas interpretando esta sentencia de forma tan negativa y perjudicial para los intereses de los ciudadanos".
Por otra parte, la consellera Gabriela Bravo ha mostrado su "decepción" por el resultado de la reunión de la Conferencia Sectorial de Justicia respecto a la creación de los nuevos órganos judiciales que la Generalitat exige desde hace años. Según Gabriela Bravo, tras una larga reunión "salimos una vez más sin un proyecto ni una propuesta concreta, sin saber cuál es la planificación a pesar de que llevamos demasiado tiempo esperando; más de siete años". La consellera de Justicia ha reclamado al Ministerio de Justicia que "más allá de planes y estrategias, queremos apoyo económico, queremos hechos porque hay gravÃsimos problemas en nuestros partidos judiciales que no pueden solucionarse con parches".
Gabriela Bravo ha recordado que su departamento "ha hecho los deberes" y ha reiterado en numerosas ocasiones la necesidad de contar con los 18 nuevos órganos judiciales que fueron reclamados por última vez por carta al ministro Rafael Catalá el pasado 25 de enero. El listado de peticiones cuenta con la aprobación del órgano de gobierno de los jueces y que sobre la misma también se informó a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Por último, Gabriela Bravo ha mostrado también su decepción por la propuesta del Gobierno central de acometer la Ley del Registro Civil cuando, ahora mismo, esa misma ley no está en vigor ya que la suspendió un decreto del propio Ejecutivo dirigido por el Partido Popular. "Es increÃble -ha dicho la consellera- que se nos entregue un informe que plantea la modificación de una ley que ni siquiera ha entrado en vigor".
Para Bravo "la clave de esta reforma urgente que se nos presenta está en que el propio Gobierno no ha hecho los deberes" ya que se pretende "que entre en vigor sin contar con el proyecto informático básico para el arranque de las oficinas". La consellera ha recordad que "después de más de tres años se nos dice que el proyecto no está preparado" con lo que la reforma no es más que "un parche para que las cosas sigan igual, con una estructura decimonónica que se limita a sustituir la firma del juez por la del letrado de la Administración".
Bravo ha denunciado que el Ministerio de Justicia ha tenido "tiempo más que suficiente" para disponer de las infraestructuras telemáticas necesarias porque los problemas del Registro Civil están "en los equipos y aplicaciones obsoletas que retrasan la tramitación".
