La consejera de Justicia e Interior de la Generalitat valenciana, Gabriela Bravo. -EFELa consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha reclamado este miércoles que haya un "federalismo judicial" y una justicia compartida o cogobernanza de las comunidades autónomas en este ámbito, para tener una mayor participación en las decisiones que les afectan, ya que ahora es "muy limitada".
Durante su intervención en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, la consellera ha destacado la "paradoja" de que en la actual huelga de letrados las comunidades no tienen "ninguna capacidad" de intervención para intentar resolver el conflicto, pero tendrán que asumir el gasto derivado de todos los juicios suspendidos.
Ha destacado que las comunidades son las protagonistas del resultado final de una toma de decisiones en la que participan poco pero que tienen que financiar, pues son "la ventanilla visible" a la que se dirigen las quejas de la ciudadanÃa, y ha opinado: " Si las comunidades somos Estado, lo hemos de ser con todas las consecuencias".
Bravo ha abogado por una cogobernanza que implique una participación más activa en el diseño de la planta judicial, asà como en la elaboración de las leyes procesales, todo ello desde el diálogo permanente entre todos los actores y operadores jurÃdicos.
Ha defendido la necesidad de un Pacto de Estado para abordar una reforma en profundidad de la justicia, que adecúe la organización judicial a la nueva realidad social, polÃtica económica y demográfica de la España actual, pues a su juicio las leyes procesales que en estos momentos se están tramitando en sede parlamentaria no lo van a resolver.
Bravo ha insistido en adecuar la Administración de Justicia al Estado de las AutonomÃas y ha abogado por un "federalismo judicial", para el que es necesario la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que fije e incremente la participación de las autonomÃas en la gobernanza de la Justicia.
También ha considerado que hay que abrir el debate sobre la oportunidad de crear los Consejos autonómicos de justicia, un primer paso para adecuar el Poder Judicial y la Administración de Justicia al Estado de las autonomÃas y corregir asÃ, tras casi medio siglo de vigencia de la Constitución, un aspecto no bien resuelto de la arquitectura institucional.
"Soy consciente de que una reforma de esa magnitud no puede materializarse sin un debate sereno y constructivo entre las fuerzas polÃticas con la participación del poder judicial y de los operadores jurÃdicos", ha indicado Bravo, para quien construir la Justicia del siglo XXI requiere altura de miras, sentido de Estado y capacidad de acuerdo.
La consellera ha lamentado que, pese a que la Generalitat es la que ha llevado a cabo el mayor incremento de inversión en Justicia de todas las comunidades y supera la media nacional, esta apuesta no se traduce en una mejora acorde al esfuerzo realizado, porque no puede actuar en la creación de plazas y la organización judicial.
La consellera ha destacado asimismo que la Administración valenciana ha puesto en marcha el mayor proceso de selección de capital humano desde los años 80 y se estabiliza uno de cada tres puestos de trabajo a través de las ofertas de empleo público que suman 10.442 plazas, pese a lo cual sigue por debajo de la media en empleados públicos.
Además, ha anunciado la construcción de la segunda Ciudad de la Justicia de València y la reforma integral del complejo de Benalúa en Alicante, mientras que en clave más polÃtica ha defendido que, frente al ruido, la Comunitat Valenciana es hoy "estabilidad, trabajo, gestión, bienestar social, igualdad de oportunidades y futuro".
La consellera ha sido presentada por el exministro del Interior Antonio Camacho, quien ha destacado que Bravo es "creÃble, coherente, entusiasta, honesta, empática y tiene visión de futuro", y ha considerado que "deberÃa formar parte del futuro de esta Comunidad".
