Bravo ha realizado este anuncio durante su intervención en el Foro Feminista Propuestas Ordenanza Prostitución, organizada por el área de Protecció Ciutadana del Ajuntamiento de València, según ha informado la Generalitat -EPDALa consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha solicitado a la conselleria de PolÃtica Territorial, Obras Públicas y Movilidad la modificación de varios artÃculos de la Ley de Carreteras para multar con hasta 15.000 euros a proxenetas y clientes.
Bravo ha realizado este anuncio durante su intervención en el Foro Feminista "Propuestas Ordenanza Prostitución", organizada por el área de Protecció Ciutadana del Ajuntamiento de València, según ha informado la Generalitat.
La consellera ha explicado que se solicita la inclusión de un nuevo artÃculo al final del TÃtulo VIII de la normativa autonómica sobre carreteras donde se prohÃba "la ocupación temporal de las zonas de dominio público, de protección y de reserva para realizar en ella usos y actividades relacionadas con la prestación de servicios de naturaleza sexual".
Además, ha añadido que el nuevo texto debe establecer "un procedimiento de actuación de apoyo y protección a las personas que realizan usos y actividades relacionadas con la prestación de servicios de naturaleza sexual".
La propuesta de la Conselleria de Justicia incluye también la adición al artÃculo 41 de la Ley de Carreteras de un nuevo apartado que defina como infracción grave "solicitar, negociar o aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales retribuidos en los espacios sujetos a esta ley, según lo dispuesto en su artÃculo 2".
Ha añadido que "en ningún caso las conductas detalladas en dichos artÃculos serán motivo de sanción para las mujeres en situación de prostitución o vÃctimas de explotación sexual".
Estas actuaciones se considerarán como una infracción grave que podrá ser sancionada con multas de entre 3.001 y 15.000 euros.
La consellera ha explicado que el modelo valenciano para erradicar la prostitución, en el que están trabajando desde hace quince meses, está basado "en la necesidad de garantizar derechos fundamentales porque sin ellos no podemos hablar de democracia".
