No hay nada imposible. Nos lo enseñó una marca deportiva hace unos años y lo han constatado las paredes de un hotel de Valencia ciudad hace unos días. ¿Quién le habría dicho a Eduardo Zaplana que su sucesor en la Generalitat, Francisco Camps, iba a apoyarle también para conseguir su libertad condicional por motivos humanitarios? Según ha podido saber en exclusiva El Periódico de Aquí, antes de Nochebuena, Camps coincidió con la mujer del ex ministro de Trabajo, Rosa Barceló, y, al menos, una de sus dos hijas. Era la primera vez que se veían en privado después de las elecciones autonómicas de 2003, que convirtieron a Paco Camps en líder del Consell y en enemigo declarado de su mentor, que lo nombró sucesor con su dedo, siguiendo la costumbre en el Partido Popular (PP).
En una cordial y extensa conversación, Camps le trasladó a Barceló su apoyo en la encrucijada que atraviesa Eduardo Zaplana, privado de libertad desde que fuera detenido en mayo en el marco de la operación Erial por el presunto cobro de comisiones en la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) y el Plan Eólico.
Un acercamiento entre ambos mandatarios que habría resultado imposible de anticipar por la enemistad que se han profesado, sin ningún tipo de disimulo, en los últimos 15 años. Y que cobra, incluso, más importancia por la posición tibia que ha adoptado el PP valenciano con la difícil situación humanitaria que atraviesa su padre refundador, Eduardo Zaplana.
En 2002, el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, nombró a Zaplana ministro de Trabajo, a un año de la convocatoria autonómica. José Luis Olivas, hoy condenado por falsificar una factura de servicios inexistentes, sustituyó al entonces flamante ministro. Y se abría la carrera sucesoria en el todopoderoso PP valenciano. Las quinielas apuntaban en una doble dirección: el sector liberal se decantaba por Vicente Rambla, castellonense y conseller de Hacienda y el cristiano, por Paco Camps. Sorprendentemente, por la escasa conexión de Zaplana con los democristianos, señaló a quien acumulaba una larga experiencia en la vida pública. Había sido concejal de Valencia, conseller, secretario de Estado, vicepresidente del Congreso y volvía a Valencia para blindar el Palau de la Generalitat. De los días de vino y rosas de 2003, a la guerra sin cuartel al día siguiente de arrasar en la contienda electoral. Se quejaban los zaplanistas de que Camps había cambiado hasta su número de teléfono para romper de cuajo todo enganche con el ministro del gabinete de Aznar.
El pulso fue tan intenso que se visualizó en la provincia de Alicante, con la única derrota orgánica de Camps, en el congreso popular que amarraron los zaplanistas, y con un plante histórico que protagonizó el entonces portavoz del PP en les Corts, el hoy imputado Serafín Castellano.
Pero toda esta tensión se ha suavizado con la insistencia de la juez en prolongar la prisión preventiva, siete meses después de la detención, y con los informes médicos desfavorables tanto de La Fe como de la cárcel de Picassent.
El ex alcalde de Benidorm continúa ingresado en la unidadde Trasplante Hematopoyético del hospital La Fe, donde fue trasplantado de médula en 2015. Está estacionario y es posible que en las próximas horas se emitan dos notas de la Sociedad Española de Hematología con sendos informes de dos jefes de unidades de trasplante de Madrid y Barcelona.
Como se recordará, el jefe de Hematología de La Fe, Guillermo Sanz, envió un informe a la juez instructora del caso Erial en el que se aseguraba que su paciente, diagnosticado de leucemia y de Enfermedad de Injerto contra el Huésped, era "una bomba de relojería" con riesgo de muerte en caso de volver a prisión. Sanz puede constatar una experiencia de más de 30 años en síndromes mielo displásicos y ha tratado a más de un millar de pacientes.