Pagos y cobros de la AVJ en el periodico investigado. ANDRÉS GARCÍADos de los Consistorios que más pagaron a la Academia Valenciana de Juristas (AVJ), una de las firmas investigadas en la 'trama de las asesorías', fueron el de Canet, con más de 171.000 entre 2007 y 2011 -cuando gobernaba el tripartito- y más de 51.000 el de La Pobla de Farnals, coincidiendo con la moción de censura contra José Manuel Peralta (PP) y con la llegada de José Antonio Sancho Sempere como asesor jurídico y con él, la AVJ.
Así consta en la vasta investigación del juzgado 12 de Valencia y que afecta a una docena de administraciones públicas y lleva ya 36 imputados, entre políticos y funcionarios, entre ellos los dos últimos ex alcaldes de Canet, la tesorera Magda Lapiedra o el jefe de la Policía Local e hijo de Sancho, José Antonio Sancho González, socio del padre en varias firmas investigadas. Algunas de éstas, como la Academia Valenciana de Juristas, Asesores Profesionales o Asesores Económicos Públicos, así como de los presuntos cabecillas, José Antonio Sancho y Rafael Parra Mateu, han estado declarando esta semana en la causa referente a La Pobla de Farnals, donde se inició la investigación tras un informe demoledor de la secretaria municipal en el periodo en que Natividad García fue alcaldesa de este municipio de l'Horta Nord y quien también está imputada.
Precisamente, uno de ellos, José Antonio Sancho, quiso responder a las preguntas de El Periódico de Aquí a la salida de la Audiencia Provincial el pasado miércoles. Se mostró convencido de que será absuelto en la causa de La Pobla de Farnals y a la pregunta de si no creía que quedaba todavía una causa -la del juzgado número 12- mucho más complicada para él, señaló rotundo: ''en absoluto, también la vamos a ganar y es mucho más sencillo. Pero te lo explicaré personalmente cuando acabe todo. Por cierto, cuando gane, ¿lo publicarás verdad?''. A la cuestión de si consideraba que merecía un premio por haber ayudado a tantas personas prestando dinero, colocándolas en sus empresas y después consiguiendo plazas de funcionarios, respondió entre risas: ''pues yo creo que sí''. En ese momento iba acompañado de su mujer, del abogado de la AVJ, del abogado José Antonio Yvorra Limorte y de la testigo Isabel Giménez.
No ha sido el único testigo del Camp de Morvedre con el que quería contar Sancho. Esta semana estaba prevista la presencia también de Carlos Julián, ex concejal del PP que fue el último presidente del Consorcio Pangea -cuyo secretario era Sancho y que se dedicaba a tramitar subvenciones para inmigrantes- y cuya empresa hizo en abril de 2011 una factura de 23.369 euros al Consorcio.
El fiscal ha defendido en el juicio celebrado esta semana que las empresas investigadas tenían como objetivo hacer informes para 'saquear' las administraciones públicas donde trabajaban. Firmas como la Academia Valenciana de Juristas o Asesores Profesionales, que fueron fundadas en el año 2000 por las tres mismas personas- trabajaban en distintas administraciones y después transferían ingentes cantidades de dinero en la empresa Millena III Milenio, que fue creada por Sancho aunque el administrador único hasta el 2013 figuraba Juan José Sánchez, hijo de un empresario de Canet que recibió una concesión para explotar una zona pegada a la playa durante 75 años pagando sólo 6.000 euros al año. Ante notario, sin embargo , figuraba Sancho como apoderado y tenía el control de la firma. Entre ésta y el resto de las investigadas, Sancho estaba autorizado en 57 cuentas bancarias.
El juicio de La Pobla de Farnals marcará buena parte del macroproceso de la 'trama de las asesorías', del que acaba de levantarse el secreto de sumario y las defensas de los imputados han comenzado a trabajar en favor de sus defendidos.
El Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer centrará buena parte del próximo juicio, puesto que hay dos ex alcaldes imputados, así como el jefe de la Policía y la funcionaria tesorera, Magda Lapiedra. A estos nombres se podrían sumar otros a medida que avance la investigación y en el momento de que se inicie el juicio. Junto a Canet, otro Ayuntamiento clave es San Antonio de Benagéber, donde su ex alcalde, Eugenio Cañizares (PP), está imputado. Sancho era el abogado del Consistorio hasta que entró en la cárcel en abril. Cañizares ha sido el único de los testigos que se ha negado a declarar.
José Antonio Sancho, ex secretario de Canet, usó esta semana en el juicio de La Pobla de Farnals varios testigos del Camp de Morvedre para intentar convencer al juez de que suele prestar dinero a quien lo necesita, como es el caso de una amiga de Sagunto, Isabel Giménez, el ex concejal de Alianza Popular en la legislatura de 1987, Juan Martínez García, o a María Aránzazu Pi Girón.
La primera dijo conocer a Sancho más de 20 años, al ser amigo de la familia y trabajó tres meses para el Consorcio Pangea, también investigado en la 'trama de las asesorías. Sancho relató que le prestó dinero a su cuñado y a otro amigo de ésta.
También mostró su agradecimiento el ex concejal de AP, quien reconoció que cuando se jubiló tuvo problemas económicos y le prestó dinero, ''varias veces y gracias a él me pude alquilar una vivienda''.
Lo mismo sucedió con Aránzazu Pi Girón, número 2 en la candidatura del PSPV, a quien defendió cuando se separó y reconoció que le dejó ''una cierta cantidad de dinero'' cuando tuvo problemas económicos.
Otros personajes del Camp de Morvedre llamados por Sancho como testigos, finalmente desestimados, fueron Manuel Alcaide y el ex concejal Carlos Julián, quien llegó a estar el miércoles en la Audiencia Provincial. El tercero es Salvador Vidal, técnico de Escuelas que está en el departamento de Contratación, a quien también habría prestado.
