El exconseller Serafín Castellano, a su llegada a los Juzgados de Sagunt. EFE-Manuel Bruque-Archivo
La Audiencia Nacional sienta este lunes en el banquillo al exconseller de la Generalitat Serafín Castellano por el caso del "cártel del fuego", acusado de favorecer presuntamente a un empresario en procesos de adjudicación de contratos de extinción de incendios en el sector de la navegación aérea.
La Fiscalía pide 21 años de prisión para quien fuese conseller entre 1999 y 2014, delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana y dirigente del PP valenciano por presuntos delitos de cohecho, malversación o asociación ilícita.
El juez que investigó el caso le procesó junto a otros acusados ante los indicios de la existencia de una presunta organización criminal que se habría concertado para alterar la adjudicación de contratos de extinción de incendios en el sector de la navegación.
Aunque en la Comunitat Valenciana fue donde se detectaron más irregularidades, el caso también afectó a otras comunidades como Cataluña e incluso a otros países. Según los cálculos del juez, se pudieron concertar contratos por un total de 151.585.386,22 euros.
La Fiscalía, que cree que Castellano era premiado "en forma de cacerías, monterías, hospedajes, viajes", dinero en metálico y hasta baúles con jamones, solicita 24 años de cárcel para el empresario al que presuntamente favoreció, Vicente Huerta, con quien mantenía una "intensa y corrupta relación".
Por estos hechos también estuvo investigado quien fuera director general de Interior en la Conselleria de Justicia de la Generalitat, Pedro Hidalgo, ya fallecido.
En su escrito de conclusiones provisionales, fechado en 2022 y que se dirige contra 17 acusados, la Fiscalía desgrana el modo de actuar de una "asociación de personas y empresas" dedicadas a la navegación aérea y especialmente a la extinción de incendios forestales entre 1999 y 2008.
Estas, "con previos pactos clandestinos y ánimo de lucro, imponían a las administraciones contratantes precios superiores de los que derivarían de la libre y transparente concurrencia", sostiene el fiscal.
Acusados integrados en dichas empresas -añade- "se concertaron con varios funcionarios y autoridades con la finalidad de defraudar a las administraciones públicas y lucrarse a costa de estas".
En el caso de Serafín Castellano, que ocupó las consellerias valencianas de Justicia, Administraciones Públicas, Sanidad y Gobernación entre 1999 y 2014, la Fiscalía cree que fijó junto al empresario Huerta "la forma de proceder para lucro" de este último y sus empresas "con ocasión de la contratación pública con la administración regional".
"Se entendían entre sí para que, en beneficio de Avialsa T35, se ampliasen a costa del erario público contratos mediante prórrogas indebidas" o se "adjudicasen y firmasen contratos, sin declararlos desiertos como procedía".
Además de ellos, por esta causa se sentarán en el banquillo empresarios de la navegación aérea, autoridades y funcionarios de las administraciones valenciana y catalana.
