La Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, María José CataláLa Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, María José Catalá, ha calificado como de "parche que no habla de encontrar trabajo a personas que reciben 400 euros" el decreto ley para agilizar la Renta Garantizada de Ciudadanía aprobado hoy en el pleno de Les Corts. El Grupo Popular se ha abstenido en la votación "porque se pierde la finalidad última de la prestación, que es facilitar salir de esa situación".
Catalá ha recordado que "esto es un decretazo, mal presentado en tiempo y forma, con una tramitación torpe y con un informe en contra de la Dirección General de Presupuestos. El informe dice que el artículo 2 del proyecto debe suprimir lo relativo a los puestos de atención directa porque la materia es competencia de Hacienda, porque no es adecuado como instrumento jurídico y está condicionada a normativa básica. Sin embargo se lo ha pasado por alto".
"Puestos a forzar a consellerias –ha continuado Catalá- también se podía haber forzado a Economía a vincular la renta Garantizada de Ciudadanía con los servicios de Empleo. Es decir, establecer un mecanismo de orientación específica para facilitar que las personas que cobran esta renta puedan salir de esa situación".
"Entendemos que es positivo que los puestos de trabajo adscritos a la tramitación de la Renta Garantizada en las direcciones territoriales del Consell tengan consideración de puestos de atención directa o cobertura prioritaria susceptibles de sustitución. Pero la distinción recogida en el artículo genera diferencias ya que unos perceptores tienen un plan vinculante y de obligado cumplimiento y otros no. Se generan diferencias en situaciones similares con la única diferencia de si los servicios municipales han tramitado o no. En lugar de dotar de más recursos a los ayuntamientos para agilizar ese plan, prevén recortar la financiación de los ayuntamientos".
La Portavoz popular ha explicado que "a partir de ahora se genera desigualdad entre aquellos cuyo procedimiento haya sido tramitado en tiempo y forma por los servicios municipales y aquellos que transcurridos dos meses no hayan cumplido".
La representante popular ha manifestado que "las personas quieren dignidad y la dignidad es tener un trabajo no un subsidio. Se pierde la finalidad última de esta prestación que es dar dignidad. Queremos personas que encuentren trabajo. Tramitar que las personas salgan de esa situación de subsidio. 'Los nadie' quieren una vida digna, un trabajo, una ocupación que dignifique su vida, quieren ser autosuficientes, no ser subsidiarios. Con este decreto estamos perdiendo la oportunidad de vincular la renta a la posibilidad de encontrar trabajo que es lo que de verdad necesitan. Este decreto es un parche y no habla de lo principal que es encontrar un puesto de trabajo a personas que reciben 400 euros".
Catalá ha recordado que "la renta garantizada de ciudadanía la aprobó el PP en 2007 y la desarrolló en el gobierno. También el anterior Consell configuró la renta ampliable". Ha lamentado que los grupos que "hoy votan a favor de este decretazo votaron recientemente en contra en Les Corts de que las personas receptoras de renta garantizada de ciudadanía se les concediera directamente ayuda para la pobreza energética".
María José Catalá ha concluido que "deben dotar de mayores recursos a los ayuntamientos e intenten hacer una ley en condiciones".
Por último, la portavoz popular ha recordado en su intervención que "el tripartito no ha querido debatir sobre la Ley de Educación presentada por el PP y no lo ha querido incluir en el pleno del orden del día. Sin embargo este decreto se trae al pleno forzando el reglamento de la Cámara".
