Dos abogadas intermediadoras encauzan a los afectados para que encuentren la mejor solución en cada caso. Foto: EPDA.El Ayuntamiento de Catarroja ha prestado asesoramiento legal a 28 familias de la población en riesgo de desahucio durante el mes de abril, a través del servicio de intermediación hipotecaria puesto en marcha en la localidad gracias a un convenio con la Diputación de Valencia y el Colegio de Abogados de Valencia.
De esta manera, el Consistorio ofrece orientación y fórmulas de reclamaciones judiciales a las familias necesitadas. "Este servicio en su primer mes de vida ha conseguido detener al menos la ejecución de un proceso de desahucio y encauzar las vías para la intermediación en el resto", según ha explicado la alcaldesa Soledad Ramón. "Es una situación muy dura y queremos estar cerca de las personas. Este gobierno local trata de ayudar a las familias de la localidad que están viviendo un verdadero drama".
A través de la iniciativa, que comenzó a funcionar al pasado 4 de abril, dos abogadas expertas en desahucios prestan el asesoramiento legal a familias necesitadas de Catarroja y también de Massanassa, Sedaví y Albal. De esta manera, los ciudadanos que tengan problemas para hacer frente a sus hipotecas o en procesos judiciales en marcha pueden solicitar mediante una instancia ser atendidos por este servicio gratuito. Tras estudiar cada caso en particular se busca la mejor vía para lograr la solución menos traumática para las familias. Estas pasan por la intermediación ante los bancos para lograr una restructuración de la deuda hasta la dación en pago del inmueble.
Las abogadas que atienden a los usuarios son expertas en la intermediación hipotecaria y aconsejan a los diferentes afectados cuál es el camino a seguir y los encauzan por las vías que la ley dispone. Incluso aquellos casos en que las viviendas están adjudicadas en subasta o a punto de serlo, se les facilita y cumplimenta una instancia para que la remitan al juzgado por vía de urgencia, de suspensión del lanzamiento de bienes, lo que significa que estas personas podrán seguir en sus casas hasta que un juez resuelva su caso.
