CC.OO. está preparando un calendario de actos y movilizaciones para reivindicar la función constitucional de los sindicatos, que comenzará el próximo día 1 de julio, en un acto sindical en Madrid con intervenciones sindicales de los secretarios generales, representante de la CES y de un sindicalista procesado en representación del conjunto de ellos. El día 9 de julio, tendrán lugar concentraciones ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en toda España, en defensa de la libertad sindical y de los y las sindicalistas afectados y afectadas por los procesos.
El ejercicio de la libertad sindical ha conocido en los últimos años una creciente y preocupante intervención del Ministerio Fiscal, que puede estar ejerciendo la acusación pública con finalidad discriminatoria. A juicio de CCOO, "la acusación penal, que acarrea la imputación de delitos para los que se piden hasta ocho años de cárcel para representantes sindicales, es una injerencia de los poderes públicos en el funcionamiento de las organizaciones sindicales y una restricción ilegítima de derechos democráticos y de manera singular, del derecho de huelga. No se trata de un acto que carezca de consecuencias jurídicas inmediatas. Implica la vinculación a un proceso y la sumisión a medidas cautelares tanto personales como de exigencia de fianzas y asunción de daños por parte de la acusación".
Resulta especialmente determinante la intervención del Ministerio Fiscal, y por lo tanto del poder ejecutivo, en la criminalización de la respuesta social y sindical. CCOO llama la atención sobre el solemne silencio político e informativo que acompaña a la campaña de intimidación observada en el ejercicio de estas prácticas sancionadoras contra la actividad sindical, y especialmente contra representantes del sindicato. No vamos a permanecer callados ni parados. CCOO activará una agenda de contactos y reuniones con la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder judicial, las organizaciones profesionales de la justicia, el Comité de Libertad Sindical de la OIT y los grupos parlamentarios para trasladarles la situación aquí denunciada. Igualmente, debatirá y reflexionará con ellos de propuestas de cambios normativos en el ámbito penal. Y estudiará en sus órganos de dirección, en contacto con todas las estructuras del sindicato, un calendario de movilizaciones contra la vulneración de los derechos sindicales.
Recientemente, en una sentencia de fecha 18 de junio del 2014, el Juzgado nº 2 de lo penal de Logroño declara la LIBRE ABSOLUCION DE LOS DELITOS DE DAÑOS Y COACCIONES y la EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL a cinco sindicalistas de CCOO. La sentencia deja clara la falta de carga probatoria y explica de manera clara que la mera presencia en un piquete informativo no constituye delito de coacción, reconociéndose la actividad protegida del derecho a la huelga y la publicidad de sus motivos, estando los piquetes plenamente legitimados para intentar convencer en los centros de trabajo a los trabajadores para que la secunden. Y, por tanto, esta sentencia viene a confirmar el abuso que supone para el erario público la utilización de los juzgados con el objeto de armar una campaña intimidatoria para devaluar y criminalizar el ejercicio del derecho de huelga.
Aunque CCOO nos felicitamos por esta sentencia, debemos recordar que al menos 56 causas penales siguen abiertas en los juzgados del país con más de 200 compañeros y compañeras imputadas, a las que se piden duras condenas de cárcel. Hay penas que son firmes y personas inocentes pueden ir a la cárcel en una persecución judicial que no tiene precedentes en la Democracia española.
