El Consejo Confederal de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, CEAV, valoró recientemente la implementación de las polÃticas y acciones de las administraciones públicas para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y en especial el de las Agendas Urbanas, tanto a nivel estatal, autonómico y municipal.
Como explica el presidente en funciones de CEAV, Manuel Lubary, "si bien hemos de reconocer que este Gobierno, a través de sus Ministerios de Asuntos Sociales y Transporte, Movilidad y Agenda Urbana y Transición Ecológica y Reto Demográfico, se ha avanzado considerablemente en la implementación de los ODS y se han adoptado medidas muy urgentes con sectores de la población más vulnerable, también hemos de admitir que la disparidad de criterios a niveles autonómicos y municipales, los efectos devastadores de la pandemia del COVID-19, la reconstrucción de la isla de La Palma tras el cese de la erupción de su volcán, y ahora la crisis internacional, económica y humanitaria de la guerra de Ucrania hace tambalear actitudes y caminos emprendidos".
En efecto, el Real Decreto-Ley 6/2022 por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania («BOE» núm. 76, de 30/03/2022), recoge en su CapÃtulo III la eliminación de la tramitación ambiental contemplada en la Ley de 21/2013 de evaluación ambiental de los proyectos de energÃas renovables de competencia estatal y hasta los 75 MW de potencia (para parques eólicos) y 150 MW (para los parques solares), sustituyéndola por un "informe de determinación de afección ambiental" eliminando exigencias medioambientales.
Asà mismo elimina la participación de la ciudadanÃa, no solo en el inicio del proceso ambiental de los proyectos sino también en la evaluación y seguimiento de los mismos. Esta cuestión podrÃa contravenir la normativa sobre impacto ambiental de la UE –que garantiza la participación real del público interesado desde que comienza la tramitación– y el Convenio sobre acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, conocido como Convenio de Aarhus, del que España forma parte.
El Convenio de Aarhus supone el concepto de la Administración pública abierta y transparente. Por cierto, de la que todos los Gobiernos hacen gala de su aplicación, pero el citado Decreto, limita, sino vulnera, los compromisos internacionales y comunitarios que obligan a la difusión de amplia información sobre proyectos, planes y programas sobre decisiones que se adopten que pueden afectar al medio ambiente y a la participación ciudadana. Y limita, sino restringe, cumplir el mandato constitucional (art. 45) de garantizar el derecho de la ciudadanÃa a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona asÃ́ como cumplir con la obligación de conservarlo.
En este sentido, el presidente en funciones de CEAV, Manuel Lubary ha expresado que "a trancas y barrancas, solicitaremos vÃa express, como les gusta legislar a nuestras Administraciones, audiencia a los tres Ministerios afectados, para que nos den las explicaciones necesarias y el por qué de la eliminación de la participación ciudadana en los procesos ambientales. Esperamos que el Congreso, en el próximo mes de septiembre, corrija y elimine lo que consideramos como el mayor golpe a los valores ambientales y de participación ciudadana en esta década; de lo contrario, parecerÃa como si se quisiera dejar en manos, únicamente, del sector empresarial el reto que supone la urgencia y el cambio climático".
