Reunión CECOVA y COVAPA. EPDARepresentantes del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) y de la Confederación Valenciana de APAs-AMPAs (COVAPA), integrada por las tres federaciones provinciales, FAPAs Gabriel Miró de Alicante, Humanista Manuel Tarancón de Castellón y 9 d'Octubre de Valencia, han mantenido una reunión esta mañana en la que han abordado y coincidido en la importancia de la figura de la enfermera escolar para prestar apoyo y asistencia a la comunidad educativa de la Comunidad Valenciana. En dicha reunión han estado presentes el presidente del CECOVA, Juan José Tirado, y la presidenta y el vicepresidente de COVAPA, Sonia Terrero y Julián Navarro, respectivamente.
Tanto CECOVA como COVAPA han expresado su deseo de que los centros educativos de las tres provincias cuenten con la presencia de una enfermera escolar, si bien dada la cercanía del comienzo del curso y la dificultad de llevar a cabo esta medida se quiere pedir a la consellerias de Educación y Sanidad que se agilice la contratación de más enfermeras para Atención Primaria y que sean la referencia en los centros de salud para prestar ayuda a los educativos.
El apoyo de las enfermeras escolares a los centros de enseñanza es una reivindicación histórica de la Organización Colegial que también es secundada y apoyada por docentes, padres y madres. Sin embargo, en una situación de crisis sanitaria como la actual y con la necesidad de controlar la salud de la población escolar y de instruir en hábitos que garanticen su seguridad, ahora se hace más necesaria que nunca su colaboración en beneficio del conjunto de la sociedad. No debemos olvidar que los contagios que puedan producirse en el entorno educativo no quedan solo en él, sino que al final acaban llegando a los domicilios de sus integrantes poniendo en peligro la salud y la vida del resto de ciudadanos, sobre todo de aquellos que forman parte de colectivos de riesgo.
La confluencia de intereses de la entidad representante de las 28.000 enfermeras de la Comunidad Valenciana y de la de 250.000 familias y 800 ampas de nuestra comunidad autónoma ofrece una idea nítida de la necesidad de articular medidas por parte de la Administración tendentes a dar cumplimiento a sus reivindicaciones.
