Un hombre sin hogar en un parque de la ciudad de València. EFE-Archivo
Es son algunas de las conclusiones a las que ha llegado Foessa (Fomento de Estudios Sociales y de SociologÃa Aplicada) en su VIII Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España presentado recientemente, que señala que en la Comunitat Valenciana el 18 por ciento de la población vive situaciones de exclusión residencial.
En España, según el informe, 8,5 millones de personas, el 18,4% de la población, se encuentran en exclusión, lo que supone 1,2 millones más que en 2007.
A nivel nacional, más de 4,6 millones de personas viven en casas que no reúnen las condiciones adecuadas y, además, no se pueden permitir ni siquiera la idea de pensar en cambiarse.
La vivienda se ha convertido, de hecho, en el principal desencadenante de caer en exclusión social en nuestro paÃs, y ha reemplazado asà al desempleo, que ha sido la primera causa durante los años de crisis económica.
En su publicación "Vulneración de derechos: Vivienda", la fundación vinculada a Cáritas se centra en la exclusión residencial, aquella situación que genera el no poder acceder a una vivienda digna que reúna las condiciones necesarias para un desarrollo adecuado.
Una situación que afecta al 24 por ciento de la población, al 60 por ciento de las que ya viven situaciones de exclusión y al 69 por ciento de las personas para las que esa exclusión es severa.
Asimismo, se ceba especialmente con los hogares con algún miembro extracomunitario (51%), con aquellos en los que vive alguna persona desempleada (36%) o algún menor de edad (29%).
Por comunidades autónomas, los porcentajes más altos los presentan Galicia (35%); Canarias (32%) y Murcia (30%), y los más bajos La Rioja (13%); AndalucÃa (17%) y la Comunidad Valenciana (18%).
El informe no recoge datos de sinhogarismo, pero sà de vivienda insegura -con la incertidumbre y el temor a quedarse sin ella- y vivienda inadecuada -estructuras temporales, asentamientos, chabolas, cuevas, casas sin acceso adecuado a suministros públicos como agua, electricidad o gas, hacinamiento, etc.)
Y la conclusión es que cuatro de cada diez hogares españoles -casi 800.000- y 2,1 millones de personas conviven con la inquietud de quedarse sin un techo bajo el cual vivir en el corto o medio plazo. El desasosiego es mayor entre los baleares (8%), murcianos (7%), gallegos y canarios (6%).
¿Qué podrÃa echar a estas personas de sus casas? Según comentaron los responsables del VIII informe Foessa durante su presentación, Raúl Flores y Guillermo Fernández, los elevados gastos de mantenimiento o perder los derechos que tenÃan sobre ella (amenaza de expulsión, desahucios...).
Pero también, según el documento, no disponer de seguridad jurÃdica sobre el uso de la vivienda en un plazo establecido (contrato de alquiler o tÃtulo legal, situaciones de cesión de uso, etc.) o estar en una situación de violencia intrafamiliar que obligue a irse de casa.
Otros 4,6 millones de personas tienen que habitar en casas que no reúnen todas las condiciones: son alrededor de 1,3 millones de hogares, 7 de cada 100 hogares. Afecta sobre todo a los de Canarias (12%), Cataluña (11%), Murcia y Madrid (9%).
Pueden ser inadecuadas por presentar deficiencias graves en la construcción, encontrarse en un estado ruinoso... También por no disponer de los suministros y dotaciones adecuadas para permitir la higiene y la salubridad (agua corriente o caliente, energÃa eléctrica, evacuación aguas sucias, etc) o por no estar en condiciones de confortabilidad y privacidad.
