Miembros de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) durante una concentración. EFELa Comisión Mujeres del Comité Español de Representantes de personas con discapacidad de la Comunitat Valenciana (CERMI CV) ha denunciado la "discriminación múltiple" que sufren mujeres y niñas con discapacidad ante la violencia de género.
Este colectivo secundará la manifestación virtual convocada por Plena Inclusión para hoy, 25 de noviembre, Día internacional para la eliminación de las violencias hacia las mujeres, con su campaña "Voy tapada pero no callada".
Además, participará en la lectura del manifiesto organizado por la Asociación Xarxa de Dones amb Discapacitat para denunciar las desigualdades que siguen sufriendo las mujeres con discapacidad.
Asimismo, durante los meses de noviembre y diciembre, Mujeres CERMI CV llevará a cabo su campaña "¡Basta ya de violencia contra las mujeres con discapacidad!", en redes sociales, según ha informado la entidad en un comunicado.
Según señalan, la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019 señala que el 20,7 % de las mujeres con discapacidad ha sufrido violencia física o sexual de alguna pareja, frente al 13,8 % de las mujeres sin discapacidad.
"Una diferencia que, a nuestro juicio, debe hacer reflexionar a las y los responsables políticos de nuestro país", indican las fuentes.
También indican que la Macroencuesta recoge que el 17,5 % de las mujeres con discapacidad que ha sufrido violencia física, sexual, emocional o ha sentido miedo de sus parejas afirma que su discapacidad es consecuencia de la violencia ejercida sobre ellas.
Por ello, la Comisión Mujeres del CERMI CV quiere denunciar la "discriminación" múltiple que siguen sufriendo las mujeres y niñas con discapacidad, como impulso al mandato de la Agenda 2030 persigue a través del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 5.
Este objetivo pretende poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas y eliminar todas las formas de violencia contra ellas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual.
Según denuncian, el acceso a la justicia "está negado en la práctica a las mujeres con discapacidad por los obstáculos de accesibilidad y de falta de ajustes de procedimiento en el sistema judicial y porque la asistencia letrada es inasequible para ellas".
"También, lo que es más hiriente, por las barreras mentales que jueces, fiscales, abogados y personal policial imponen en su práctica profesional a las pocas mujeres con discapacidad que tratan de acceder a la justicia", añaden.
Según indican, el personal judicial "a menudo es reacio a dar crédito a los testimonios de las mujeres con discapacidad y tampoco suele abrir causas por actos de violencia contra ellas porque puede exigir más recursos debido a la necesidad de cerciorarse de la capacidad de la víctima de consentir y prestar testimonio.
"Las pocas sentencias judiciales que existen sobre mujeres con discapacidad, en lugar de protegerlas, son contrarias al pleno respeto de sus derechos humanos", denuncian.
