El exsecretario autonómico del Gabinete del President y de Comunicación de la Generalitat, José Manuel Cuenca. EFE- Ana Escobar-Archivo
La exconsellera Salomé Pradas y el ex jefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, están citados este lunes a un careo ante la jueza de la dana en el que serán interrogados sobre las supuestas contradicciones en sus respectivas declaraciones sobre asuntos concretos de la gestión de aquella emergencia.
En su primera declaración como testigo ante la instructora -el pasado 26 de noviembre-, Cuenca negó que se diese desde Presidencia de la Generalitat ninguna instrucción a la consellera responsable del operativo, pero días después (el 5 de diciembre) Pradas hizo públicos varios mensajes que le envió Cuenca, entre ellos uno que decía: "De confinar, nada".
También le escribió: "Salomé, para confinar hace falta un estado de alarma, y eso lo decreta la chica que tienes al lado", en alusión a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que se encontraba conectada al Cecopi pero de forma telemática, y remató pidiendo "calma" de nuevo a la entonces consellera.
Tras conocerse estos mensajes, que fueron aportados a la causa por la defensa de Salomé Pradas -investigada en esta causa penal-, Cuenca fue citado a declarar por segunda vez el 12 de diciembre. En esta comparecencia, negó que transmitiese a Pradas ninguna orden de Mazón y aclaró que su indicación contraria al confinamiento tuvo su origen en una consulta previa a la Abogacía de la Generalitat.
Por este motivo, la jueza pidió -el 22 de diciembre- un informe a la Abogacía de la Generalitat para conocer si algún alto cargo del Consell hizo alguna consulta verbal o escrita sobre aquel episodio de inundaciones y barrancadas del 29 de octubre de 2024 que dejaron 230 víctimas mortales.
Ese informe, ya aportado a la causa, detalla que ningún alto cargo de la Conselleria de Justicia, de Medio Ambiente o de Presidencia consultó nada por escrito a esa Abogacía, pero en la tarde del 29 de octubre de 2024 sí se recibieron llamadas telefónicas de corta duración en relación con la dana que se estaba produciendo.
En concreto, la del entonces subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior, Ricardo García, que llamó al abogado coordinador de la Abogacía en esa Conselleria y le preguntó si un eventual confinamiento tendría soporte jurídico, a lo que contestó afirmativamente indicando los preceptos en los que podría fundamentarse, es decir, que la Abogacía sí respaldó la posibilidad del confinamiento.
El exsecretario autonómico de Presidencia Cayetano García llamó al abogado general de la Generalitat para avisarle de la posibilidad de que la consellera de Justicia e Interior -en aquel momento Salomé Pradas- contactara con la Abogacía en caso de que fuera necesario dictar alguna resolución o disposición que requiriese de un informe jurídico en relación con un eventual confinamiento. El abogado general manifestó su disponibilidad.
Después de estas llamadas no se recibió ninguna petición de informe ni solicitud adicional, ni verbalmente ni por escrito.
Por todo esto, la jueza ha citado a declarar, también como testigos y por el momento sin una fecha concreta, al subsecretario de la Conselleria de Justicia el 29-O y a dos abogados de la Generalitat, por las contradicciones que el referido informe ofrece respecto a la declaración del exjefe de gabinete del expresident Carlos Mazón.
