Un conductor de Cabify limpia su vehículo. EFE-Quique García-Archivo
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha hecho un llamamiento este viernes a las comunidades autónomas para que regulen efectivamente la prestación de los servicios de VTC en sus territorios y ha pedido que no introduzcan requisitos "desproporcionados" para el interés general.
En una entrevista con EFE, la presidenta de la CNMC, Cani Fernández Vicién, ha avanzado el contenido de una declaración conjunta de la CNMC con los órganos de competencia de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunitat Valenciana, Galicia, Extremadura y País Vasco, sobre la materia y ha llamado a evitar las restricciones innecesarias sobre cualquiera de los subsectores que perjudiquen "notablemente" a consumidores y usuarios.
Fernández Vicién ha expresado su preocupación por la situación de la regulación de las VTC en España y ha señalado que las restricciones de competencia que llevan a cabo algunas comunidades autónomas a menudo suponen la desaparición del servicio alternativo al taxi que representan las VTC.
"En otras vemos una regulación muy restrictiva y observamos que eso elimina en definitiva la competencia en el sector del transporte urbano y es algo que no beneficia en absoluto al consumidor", ha declarado la presidenta de la CNMC.
A su juicio, la entrada de los VTC permitió una modernización del sector de transporte individual de viajeros por carretera en un contexto en el que el sector del taxi no había llevado a cabo una renovación "en los últimos 25 años".
"Las licencias de taxi se han quedado estancadas, sin renovación y crecimiento en los últimos 25 años. La entrada de las VTC vino a dinamizar el sector, proporcionar servicios de mayor conectividad, se puede programar, permite el seguimiento en directo de los trayectos y también una bajada de los precios. Por eso manifestamos nuestra preocupación por la pérdida de beneficios para el consumidor y de competencia que tiene esta situación", ha ahondado Cani Fernández.
Fernández ha hecho un llamamiento a las administraciones para que a la hora de establecer cualquier tipo de regulación lo hagan de acuerdo a los principios de necesidad y proporcionalidad, "siempre pensando en que la competencia produce beneficio entre los consumidores".
El real decreto ley, ha explicado, establecía un periodo de 4 años para llevar a término la regulación, y dejaba la puerta abierta a que sucediesen varios escenarios: algunas han sido aperturistas, otras han sido más restrictivas y algunas directamente no las han regulado, lo que ha implicado la desaparición del servicio de los VTC.
Así, Fernández ha insistido en que las restricciones que se impongan sean las estrictamente necesarias y que regulen pensando en que la competencia supone beneficios para los consumidores.
En su declaración conjunta, las autoridades de competencia han recordado que la adopción de cualquier limitación o restricción que altere el funcionamiento del mercado deberá venir precedida de una ponderación de los intereses generales que se pretenden salvaguardar, aplicando los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación en la regulación de la actividad.
También han puesto de manifiesto la conveniencia de que toda medida regulatoria que pueda restringir la capacidad o los incentivos de los operadores económicos para acceder a un mercado o para competir efectivamente en él se someta a consulta previa de las autoridades de competencia, así como la pertinencia de que se atiendan las recomendaciones realizadas.
