El senador de Compromís,
Jordi Navarrete, ha arrancado al Ministro de Justicia, Rafael Catalá, su
disposición a dialogar y restablecer la competencia sobre el derecho privado
para los valencianos y equipararnos al resto de pueblos españoles no
castellanos (navarros, catalanes, vascos, baleares y aragoneses) y acabar con
la injusta discriminación que supusieron las sentencias de inconstitucionalidad
de la Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano y la Ley de Uniones de
Hecho y las que puedan venir.
Navarrete le ha
reclamado "receptividad" en la aceptación
de las iniciativas de los grupos políticos de les Corts Valencianes de reforma
de la Constitución que, previsiblemente, llegarán al Congreso de los Diputados
en febrero, "para que puedan estar
aprobadas durante el primer semestre del año y se le de por tanto una gestión
rápida a esta competencia exclusiva valenciana. Le brindo desde aquí de nuevo
toda nuestra disposición a coordinar y colaborar para evitar los agravios que los
recursos de inconstitucionalidad están suponiendo para los valencianos, que se
están viendo obligados a realizar capitulaciones matrimoniales, solicitar
custodias compartidas y otros ejercicios, acabando con el comportamiento
desleal y personalizado que están teniendo con el pueblo valenciano. Las cosas
han cambiado en el País Valenciano y esperamos que se den cuenta que deben
dialogar".
El senador Jordi Navarrete le ha reprochado al ministro Rafael Catalá la
receta "desleal" y "personalizada" del Gobierno hacia la
competencia exclusiva autonómica de conservar, modificar y desarrollar el
derecho civil valenciano prevista en el Estatut y que no acabe de un plumazo
con la discriminación que sufre nuestro pueblo desde hace tres siglos pese a la
constante reivindicación de generaciones y generaciones de valencianos. "Manos a la obra, señor ministro. No podríamos entender que se
negocie con los catalanes y se discrimine a los valencianos. Por eso le
reclamamos cita en el próximo semestre para afianzar el encaje del desarrollo
legislativo de nuestro derecho civil y acabar con esta situación indigna, como
han reclamado ya cientos de ayuntamientos, diputaciones, instituciones académicas
y otras de la sociedad civil", ha concluido.
