La locura urbanística de Llíria está cobrándose muchas víctimas. Sobre todo en el ámbito de los nuevos PAIS que la concejalía de urbanismo, con el beneplácito del Gobierno municipal del PP, está alimentando y llevando adelante.
Un caso sintomático lo encontramos en Josefina Ferrandis, una vecina de 76 años que reside desde hace muchos años en una vivienda que ahora se ha quedado dentro del Polígono "fantasma" de Carrases. Una zona industrial que ha costado más de 50 millones de euros, pero que no puede funcionar por qué carece de luz eléctrica y agua. La foto de esta zona lo dice todo. Un plantel de farolas y viales desiertos llenos de basuras, aceras y pavimento, son la herencia de una mala gestión y de la ruina que su urbanización ha traído a los propietarios de suelo.
Según el portavoz de Compromís per Llíria, Paco García Latorre, a esta propietaria de 76 años, a la cual ya en su momento le embargaron hasta la pensión. Ahora, le embargan los bienes y le reclaman cerca de 180.000 euros (30 millones de pesetas). Una cifra inalcanzable, que difícilmente podrá pagar con su pequeña pensión.
El ayuntamiento, ha dictado ya un procedimiento de embargo de sus propiedades (es a decir de la casa donde vive), le ha requerido el títulos de propiedad al Registrador de Llíria y ha acordado el llevar adelante la enajenación de estos bienes.
Según García, esta decisión es la consecuencia de una política urbanística errática y pensada en las grandes promotoras (como el caso de Bertolín en el Polígono de Carrases), donde el ayuntamiento ha abandonado a los propietarios de suelo y vecinos de la localidad, dejando que la Empresa urbanizadora finalizara las obras sin garantías y sin tener en cuenta las particularidades y viabilidad económica de la actuación, dado que este no es el único caso donde se quieren sacar a subasta parcelas por imposibilidad de pago de las cuotas.
En el caso de Josefina, la situación todavía es más mala, dado que según afirma, no le han indemnizado parte del terreno que fue expropiado para hacer los viales de acceso al polígono, ni parte de las parcelas que ahora forman parte del polígono, así como un pozo de agua y unas piscinas que tenía en su propiedad.
Desde Compromís se alerta que los servicios de recaudación tributaria se ven colapsados ante tanto PAI y obligados según la norma a tramitar los correspondientes expedientes por impago de cuotas, que al final concluyen con verdaderos dramas personales y económicos.
En estos momentos de crisis, afirma el grupo ecosocialista, los impagos se cuentan por centenares y la deuda con el ayuntamiento suma millones de euros. Mientras tanto, el PP está fuera de la realidad y continúa abriendo nuevos procesos urbanizadores dejando a las personas y las empresas afectadas en la ruina.
