Las cuentas de Vilamarxant han sido intervenidas por el Estado por la morosidad que ha acumulado el ayuntamiento. Este hecho se ha materializado desde el momento en que se ha pedido un crédito de 2,1 millones de euros para hacer frente a las facturas que obraban en los cajones municipales de débito a contratista y proveedores, pasando a partir de este momento a estar las inversiones controladas desde la Administración Central.
El concejal de compromÃs, Juan Ponce, ha manifestado que "el PP ha demostrado que ni es buen gestor ni se preocupa por los intereses de sus vecinos, ya que su gestión ha abocado a la localidad a tener que hacer un plan de ajuste y someterse al Real Decreto ley 14/2012 de pago a proveedores por su morosidad y nefasta gestión económica".
La autoridad Estatal ha suspendido la gestión de los responsables polÃticos de Vilamarxant y han limitado la posibilidad de realizar las inversiones previstas para este ejercicio presupuestario, dado que primero el ayuntamiento debe de saldar la deuda pendiente, extremo que ha derivado en la suspensión de las inversiones programadas por el consistorio.
Para Ponce, el PP ha gastado sin control y ahora tiene que someterse a un restrictivo plan de ajuste que deriva en el pago de unos intereses abusivos, los cuales supondrán un nuevo gravamen para los ciudadanos de Vilamarxant, ya que los cerca de 800.000 euros que hay que pagar, o bien se detraerán de la prestación de servicios o directamente en el pago de los propios intereses.
Des de la Coalición CompromÃs se sigue apuntando, por salud democrática y económica del ayuntamiento, la necesidad del cese por parte del alcalde, Vicent Betoret, del responsable de hacienda, Alberto Ros, ya que ha situado a la población en la peor situación financiera de los últimos tiempos, con una deuda que se ha centrifugado y que habrá que pagar en la próxima década. Una responsabilidad que compartirá el primer edil caso que no proceda a la destitución de este miembro del equipo de gobierno.
