Los socios del equipo de gobierno CompromÃs, EU y ADN Morvedre del Ayuntamiento de Sagunt han aprobado esta tarde en el pleno "el incumplimiento muy grave del contenido de
la concesión demanial adjudicada el 7 de agosto de 1988 por parte de la empresa
cementera Lafarge". Asimismo, instan a exigir a la empresa el estricto
cumplimiento de la concesión, lo que implica que la multinacional se
abstenga de forma inmediata, al dÃa siguiente de recibir el citado
acuerdo, de seguir realizando la extracción de áridos por debajo de
la cota 160 m o 150 m, en los términos de la documentación gráfica
rectora de la concesión, allà donde la misma se haya sobrepasado. Los concejales del otro socio de gobierno, del PSOE-PSPV se han abstenido.
En cualquier caso, la
empresa podrá seguir desarrollando labores extractivas por encima de
aquellas cotas del monte municipal catalogado de utilidad pública
allà donde dicho lÃmite máximo de explotación no se haya
sobrepasado, y hasta el tope de cota 160 m ó 150 m según la
documentación gráfica rectora de la concesión y donde lo permita
además el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sagunto, por
ser un uso urbanÃsticamente compatible, según recoge el informe.
La Comisión Informativa Especial de Seguimiento del Convenio Lafarge Cementos SAU-Ayuntamiento se reunió la pasada semana para presentar un informe jurÃdico y el informe elaborado por el instructor del departamento municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sagunt, en referencia a las alegaciones de la mercantil en el expediente municipal encaminado a determinar el grado de incumplimiento de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local de 1988, por los que se adjudicaba el contrato de aprovechamiento de monte público para la explotación de la actual cantera conocida como Salt del Llop.
En este sentido, el informe del instructor del expediente propone rechazar las alegaciones realizadas por la empresa, tal y como ha declarado la concejala de Medio Ambiente, Teresa GarcÃa. "Al respecto de las alegaciones que habÃa hecho la empresa, que podrÃa haber una responsabilidad penal respecto a las decisiones que se pudieran tomar desde el Ayuntamiento, consultadas diferentes opiniones jurÃdicas remarcan la falta de fundamento jurÃdico de esa apreciación, en el sentido de que el Ayuntamiento lo que está haciendo es defender su patrimonio, que es público, de todos los saguntinos y saguntinas. Por tanto, el Ayuntamiento está ejerciendo sus obligaciones y sólo está procediendo a exigir a una concesionaria de un suelo público, propiedad municipal, que cumpla con las condiciones de esa concesión que se ha detectado que no se cumplen".
La
concejala, en referencia al expediente sobre las posibles
irregularidades cometidas por Lafarge, ha explicado que "nos
hemos encontrado con una infracción urbanÃstica y un
incumplimiento de la concesión, según dicen nuestros textos y asÃ
lo respalda el informe, en el que se dice que se han sobrepasado las
cotas de la concesión que tenÃan en Salt del Llop y, por tanto, en
los lugares donde no se pueda extraer, porque no está autorizado, no
se extraerá. En las áreas donde todavÃa no se ha llegado a esa
cota efectivamente la extracción puede continuar".
Por otro lado, se reclama
a la empresa que aporte, en el plazo máximo de un mes, la
documentación pertinente y la acreditación del estricto
cumplimiento de los mandatos municipales. Por último, la propuesta aprobada en el pleno destaca a la empresa cementera que para la
fase de reversión del bien y de liquidación de la concesión
demanial prevista para diciembre del 2017, deberá cumplir los
compromisos de cotas mÃnimas fijados en el acuerdo de adjudicación
en todo el espacio catalogado como monte de utilidad pública. En ese
sentido, en caso de que se constate su incumplimiento para esa fecha,
se adoptarán las medidas correspondientes para garantizar su
cumplimiento y la preservación del bien municipal en los términos
que fue acordado por la administración y suscrito por el
concesionario.
GarcÃa ha expresado que
"entre las dos posibilidades que tenÃamos dentro del
procedimiento de revisión del grado de cumplimiento de la concesión,
una de ellas es la resolución del contrato, y otra es dar permiso a
la extracción en aquellos lugares en los que esté en regla y evitar
que se continúe la extracción allà donde no está autorizado. De
las dos opciones hemos escogido la segunda, aquella que
permite la continuación de la actividad, porque entendemos que la
empresa tiene unas obligaciones respecto de la restauración, y se
demuestra con esta acción que el Ayuntamiento no va en contra de la
empresa, sino que lo que se ha de exigir es que cumpla con los
preceptos legales que se le exigÃan en cuanto a su explotación, y
que cumpla también con sus obligaciones respecto a la restauración".
"Asà se desmontan
falsos argumentos en cuanto a intereses que pueda tener el Ayuntamiento, ya que hay que destacar que el expediente ha sido,
técnicamente, impecable, y el equipo de gobierno, únicamente, se ha
limitado a aplicar la ley, porque efectivamente la empresa no puede
eludir sus responsabilidades legales y jurÃdicas al respecto de
bienes que son públicos en los que están como inquilinos, no como
propietarios". Asimismo, GarcÃa ha concluido destacando que
"esperamos que la cementera acate estas irregularidades que
hemos detectado, que las repare y las subsane, y que trabaje en la
restauración del bien que tiene que abandonar en las mismas
condiciones en las que le fue concedido".
Sin embargo, desde la oposición se ha acusado al cuatripartito de querer paralizar la actividad de la empresa y de provocar su cierre en el municipio.