El senador de Compromís, Carles Mulet, ha pedido por escrito al Gobierno
conocer los costes exactos, programados y la deuda pendiente tanto con la
sociedad que promovió el fracasado proyecto Castor, en Vinaròs como con la
propia Enagás (que se ha hecho cargo del mantenimiento y hibernación) o
cualquier otra empresa atribuibles a este proyecto, por lo que pide al
Ministerio de Industria, Energía y Turismo saber qué derechos retributivos
están siendo, o han sido devengados, en virtud de reales decretos o cualquier
otra normativa que suponga afecciones a la Hacienda pública.
"No son posibles más sorpresas y despilfarro de dinero en una obra que ha sido un despropósito desde el inicio y con lo que podríamos considerar perfectamente una deuda impropia, que se ha llevado miles de millones de euros en proyectos, obras, afecciones medioambientales, expropiaciones y capital público que debería haber sido destinado a otros sectores mucho más prioritarios", ha explicado el senador valenciano.
Mulet ha recordado que "el proyecto arrancó con unos costes de ejecución de 500 millones y terminaron en 1.400 millones de euros, cifra descontrolada muy superior a los costes medios de construcción de almacenamientos similares", algo ya de por sí "doblemente alarmante" dado que se trata de recursos públicos y en el que vemos como
La OCU ha aproximado a unos 4.730 millones el monto que los consumidores
tendrán que pagar en sus recibos de gas por el proyecto fracasado hasta el
2046, cuando terminará la hipoteca de esta 'ocurrencia' que fue el Castor
"y que en cualquier sociedad madura
hubiera tenido un desenlace muy diferente tanto hacia sus promotores, como
hacia los responsables políticos que lo propiciaron como con los que están
pagando millonadas de forma casi secreta", denunció.
El socio canadiense de ACS en Escal, el grupo Dundee Energy, que tiene un 33% del proyecto Castor, ha revelado en sus cuentas anuales del ejercicio pasado, que "el 17 de noviembre de 2015, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo emitió una resolución que establece una retribución adicional de 253,3 millones de euros y el reembolso de los gastos de operación y mantenimiento en una cuantía adicional de 42,3 millones".
