La coalición Compromís ha preguntado en el Senado los motivos por los que el Gobierno se está desentendiendo del uso, promoción y recomendación de instalación de desfibriladores semiautomáticos por las distintas poblaciones del estado español. Si ha legislado a través del Real Decreto 365/2009, de 20 de marzo las condiciones y requisitos mínimos de seguridad y calidad en la utilización de estos equipos fuera del ámbito sanitario pero únicamente han sido cuatro las autonomías que han regulado su instalación. Las comunidades autónomas sin legislación son: Madrid, Galicia, Asturias, Cantabria, Aragón, País Valenciano, Murcia, Islas Baleares, Castilla La Mancha, Extremadura, Castilla León, La Rioja, Navarra ni las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
En España se producen cada año aproximadamente 30.000 muertes al año por paradas cardiorrespiratorias, cifra que podría reducirse de manera significativa si se aplicara la desfibrilación a la víctima en los 5 primeros minutos. Tras un paro cardíaco, el índice de supervivencia en nuestro país se sitúa en el 4 por 100, mientras en Estados Unidos el porcentaje que se eleva hasta el 50 por 100 gracias a la presencia masiva de desfibriladores semiautomáticos (DESA).
Los organismos internacionales, reclaman su presencia en aquellos lugares que registren gran afluencia de personas como centros comerciales, aeropuertos o estaciones de viajeros. En Francia la presencia de desfibriladores es ocho veces superior a la de España.
PREGUNTAS
1.- ¿Qué iniciativas han realizado de cara a incluir los desfibriladores en la normativa de Prevención de Riesgos Laborales de las empresas?
2.- ¿Cómo han animado a las autonomías a legislar y fomentar la presencia de desfibriladores en espacios públicos cardioprotegidos y de alta concentración de personas?
3.- ¿Hacen una buen balance del grado de presencia de estos desfibriladores semiautomáticos (DESA) en nuestro país respecto a la media europea?
