Los senadores de Compromis ha presentado una moción a la Cámara alta para exigir que el próximo gobierno devuelva la documentación robada por los golpistas a los valencianos. En ese sentido, el senador territorial de lq coalición, Carles Mulet ha recordado que quien quiera estudiar la historia reciente de su pueblo o de algunas entidades, no tiene en su mano la documentación vital y tiene que desplazarse a la ciudad castellana. El precedente de Cataluña desde hace años está siendo un referente en la lucha por la justicia historia de los pueblos valencianos.
El 26 de abril del 1938
los golpistas creaban a la Delegación del Estado para la Recuperación de
Documentos, encargada de requisar toda la documentación de organismos
republicanos, partidos, sindicados, "desafectos al Movimiento nacional y que
sean susceptibles de suministrar al Estado información referente a la actuación
de sus enemigos.' Entre 1938 y 1943 hay constancia que, al menos, ocho vagones
de ferrocarril con más de 80 toneladas de documentos, libros y revistas fueron
enviados desde Vinaròs, Castelló, Valencia y Alicante hacia el Archivo de
Salamanca.
Decenas de ayuntamientos valencianos sufrían el
expolio de sus papeles (Alicante, Alaquàs, Albocàsser, Alcalà de Xivert,
l'Alqueria de la Comtessa, Bellreguard,
Beniarjó, Benicarló, Benicàssim,
Benigánim, Benimodo, Benissa, Benirredrà,
Bicorp, Bocairent, Borriol, Bugarra,
Cabanes, Castelló de la Plana, Casas Bajas,
Cinctorres, Gavarda, Godella,
Guardamar, Montesa, Oliva, Ontinyent, la Pobla
Tornesa, Polinyà de Xúquer,
Rossell, Salem, San Juan de Moro, Sollana,
Terrateig, Torreblanca, Traiguera,
Valencia, Vilafamés, Vilafranca, Vila-real,
Vinaròs, Xàtiva, Xàbia y Chiva, a particulares, entidades politicas y
sindicales.) , documentación toda
esta que sirvió en muchos casos para condenar a muerte a miles de personas o
reprimirlas brutalmente, y que a día de hoy, la documentación referente a
ayuntamientos pueblos, entidades e instituciones valencianos continúan
secuestrados , al contrario de lo que ha pasado con otros que han podido
conseguirlo, continúan en Salamanca, lejos de sus legítimos propietarios.
La restitución parcial que ha obtenido
Catalunya, a pesar de ser obviamente legítima y un precedente al cual acogerse,
no puede provocar ahora un agravio comparativo y el Gobierno Central no puede
estar a la espera de peticiones parciales para devolver o no a sus legítimos
propietarios la documentación robada , puesto que la actual situación acaba
legitimando esta realidad y convirtiendo la actual administración como heredera
de la dictadura.
El 17 de mayo del 2004 las Cortes Valencianas,
por unanimidad, en una comisión, con los votos del Grupo Parlamentario del
Partido Popular, aprobó solicitar la
devolución de los papeles valencianos requisados en Salamanca, petición que se
hacía amparándose en el que dice la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano.
Desgraciadamente este trabajo no dio ningún fruto.
Según los historiadores y especialistas, hasta
80 toneladas de papeles valencianos se amontonan en Salamanca, varios
documentos que afectan en ayuntamientos, entidades, particulares. Actualmente,
si cualquier persona o historiador quiere acceder a esa información, para
estudiarla o leerla, tiene que desplazarse en Salamanca.
Por todo esto se propone la siguiente moción:
El Senado insta en el Gobierno Central al
regreso todos los documentos robados a los valencianos depositados todavía al
archivo de Salamanca.
