Carles Mulet, senador de CompromísEl portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha solicitado vía enmiendas al proyecto de Ley de Memoria Democrática, que previsiblemente se debatirá en el Senado la primera semana de octubre, que el texto contemple medidas que satisfagan la petición unánime de muchas instituciones como Generalidad y ayuntamientos de recuperar sus documentos, fondos y archivos que fueron incautados por la dictadura franquista con fondos de organismos republicanos, partidos y sindicatos y llevados a Salamanca y que no han sido devueltos a sus propietarios.
"Para nosotros esto es un robo y un expolio perpetrado por un régimen ilegal y estos fondos deben ser restituidos. Tan solo en el País Valenciano hay constancia que entre 1938 y 1940, al menos, ocho vagones de ferrocarril con más de 80 toneladas de documentos, libros y revistas fueron enviados desde Vinaròs, Castelló, València y Alacant hacia el Archivo de Salamanca".
De esta forma, la Generalidad o decenas de ayuntamientos valencianos "sufrían el expolio de sus papeles", entre ellos Alicante, Alaquàs, Albocàsser, Alcalà de Xivert, l'Alqueria de la Comtessa, Bellreguard, Beniarjó, Benicarló, Benicàssim, Benigánim, Benimodo, Benissa, Benirredrà, Bicorp, Bocairent, Borriol, Bugarra, Cabanes, Castelló de la Plana, Casas Bajas, Chiva, Cinctorres, Gavarda, Godella, Guardamar, Montesa, Oliva, Ontinyent, la Pobla Tornesa, Polinyà de Xúquer, Rossell, Salem, San Juan de Moró, Sollana, Terrateig, Torreblanca, Traiguera, Valencia, Vilafamés, Vilafranca, Vila-real, Vinaròs, Xàtiva y Xàbia, además de particulares, entidades políticas y sindicales con el objetivo de obtener información de susenemigos.
En sus enmiendas, con las que pretende que se cumpla la exigencia y requerimiento por unanimidad de les Corts realizada en 2004, pide que se habiliten mecanismos para esta restitución. Así, el portavoz de Compromís en el Senado reclama de la Administración colaboración con las comunidades autónomas y entidades locales en la conservación y mantenimiento de la documentación en información de cualquier tipo que obre en poder de las mismas que se refieran a la violencia y represión ejercidas durante la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista.
Asimismo, reclama que en el marco del Plan de Acción de la Memoria Democrática del Estado español, se acometan las actuaciones necesarias para reunir y recuperar los documentos y testimonios orales de interés en esta materia y la creación de un programa, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, de adquisición o traslado de documentos referidos a la memoria democrática del Estado español que obren en archivos públicos o privados, nacionales o extranjeros y cuya relevancia pública, dificultad de acceso o peligro de desaparición así lo aconsejen. Finalmente propone que se retornen a sus legítimos propietarios los fondos incautados por el franquismo que continúan en el Archivo General de la Guerra Civil, el cual efectuará copia de cada ejemplar retornado para facilitar su consulta, así como que se garantice el acceso del público interesado a los archivos públicos o privados con documentación susceptible de ser relevante para la memoria democrática del Estado español, estableciendo al efecto los convenios oportunos con las entidades que poseen los fondos para regular su acceso a los ciudadanos, que estarán obligadas a facilitar el acceso y consulta.
