El portavoz del grupo de Compromís, Joan Baldoví, durante su intervención en la sesión de control en Les Corts. Archivo- EFE-Biel AliñoEl síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha anunciado que su formación política presentará este jueves un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra el decreto de libertad de elección del centro educativo, conocido como distrito único, aprobado la pasada semana por el pleno del Consell.
Baldoví ha hecho este anuncio en una rueda de prensa en Alicante junto con diferentes cargos de Compromís, como el portavoz de Educación en Les Corts, Gerard Fullana; el portavoz de la Diputación de Alicante, Ximo Perles, y las concejalas de Elche, Esther Díez, y de Alicante, Sara Llobell.
"El nuevo decreto es ilegal y segregador. Tenemos razones de peso para acompañar a la comunidad educativa valenciana y luchar para derogar una normativa que promueve escuelas y alumnos de primera y de segunda, como si la educación fuera una competición", según Baldoví.
A su juicio, "no se ha escuchado a la comunidad educativa valenciana" y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, "ha promovido una normativa que mercantiliza la educación y que denigra la red de la enseñanza pública en pro del negocio de la concertada".
"En Compromís no nos mantenemos de brazos cruzados. Recurrimos a los tribunales para paralizar una actuación que tiene demasiado de conveniencia ideológica propia de la extrema derecha y nada para asegurar una red de centros educativos donde todos tengan los recursos que haga falta para asegurar una calidad educativa óptima y una buena atención personalizada al alumnado", ha manifestado Baldoví.
Por su parte, Fullana ha explicado que este recurso tiene como objetivo recurrir el decreto del Gobierno valenciano (PP y Vox) por el presunto incumplimiento del artículo 84.3 de la ley educativa estatal que establece la proximidad como elemento fundamental a la hora de elegir una escuela. Según Compromís, "boicotea el dictamen de la ley estatal y da una puntuación similar vivas donde vivas", un hecho que desde la coalición no comparten.
A su vez, Perles ha hecho énfasis en que inician "esta lucha en los tribunales después de corroborar que el Gobierno de Mazón no ha querido escuchar ni a profesorado ni a familias". "El recurso está basado en argumentos que demuestran que esta nueva normativa promueve la desigualdad y hace que los centros elijan familias y no al revés", ha advertido.
Según Perles, "es ilegal porque contradice el artículo 84 de la Lomloe, otorga un punto discrecional para que los centros concertados puedan seleccionar el alumnado que quieran, fomenta el distrito único segregador para que no haya diversidad de alumnado en las aulas y relaja la prohibición de que los centros concertados cobren a las familias cuotas ilegales".
En cuanto a "la relajación del nuevo decreto respecto al cobro de cuotas por parte de los centros concertados a las familias", Fullana ha detallado que "los centros concertados tienen que garantizar la gratuidad universal de la enseñanza, como cualquier centro público".
"La Conselleria ahora permite que los centros concertados puedan exigir aportaciones de las familias en concepto de matrícula o reserva de plaza y exigir también que las familias paguen por material y equipación escolar. Esto es muy grave", ha afirmado Fullana.
Uno de los aspectos que desde Compromís consideran "más alarmante" es el "punto discrecional" con el que los centros contarán para desempatar entre puntuaciones muy empatadas, una iniciativa que, denuncian, "creará guetos, escuelas de primera y segunda, desplazamiento masivos en la ciudad y una suerte de ránking de competitividad absurda entre centros educativos".
En cuanto al "modelo mercantilista de la educación que fomenta el nuevo decreto", los representantes de Compromís han expuesto que "la administración tiene que garantizar que todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos garanticen una óptima calidad educativa".
"En este modelo, la Conselleria deja de garantizar la excelencia de todos los centros y de dotarlos de los recursos necesarios para que así sea. Fomenta la competitividad y una suerte de ránking innecesarios entre escuelas", según la coalición.
Las ediles Sara Llobell y Esther Díez han destacado que "el distrito único segregador promueve la cronificación de guetos" y la creación de "barriadas, y no barrios, en ciudades como Alicante y Elche"
