El grupo parlamentario Compromís ha presentado una proposición no de ley en Las Cortes Valencianas para combatir la problemática de las inmatriculaciones que realiza la Iglesia Católica.
Según ha asegurado la portavoz adjunta de Compromís, Mónica Oltra, "los vecinos y vecinas de muchas localidades del estado español han visto como bienes que creían que eran del pueblo han pasado de la noche a la mañana a manos de algunos obispados. En algunos casos, templos o ermitas que se han construido en terrenos públicos y con fondos municipales o directos de los mismos vecinos y vecinas, y en otros casos, los más varios inmuebles: garajes, casas, huertos o algunas viñas y fincas de cultivo, han seguido el mismo trámite por el mismo autor".
Posteriormente se está conociendo que algunos de estos bienes están siendo vendidos por los obispados, obteniendo unos jugosos beneficios. La ley hipotecaria española (art. 206) concede en la Iglesia Católica la potestad de inscribir a su nombre bienes que no estaban inscritos a nombre de nadie. A este acto, se le conoce como inmatricular y en los últimos años ha provocado un auténtico escándalo en muchos pueblos del estado.
"Ha sido muy conocido, por las inmatriculaciones masivas, el caso de Navarra, -ha añadido Oltra- pero en nuestro territorio también hay casos y la Diócesis de Valencia ha utilizado el mismo método para apoderarse por ejemplo, de la ermita de la Muntanyeta en Alberic, y la de Lluch, en Alzira. Quizás el más llamativo y que mayor contestación popular ha generado en el País Valenciano es el de la fortaleza de Xàbia, donde el ayuntamiento hizo pública su intención de acudir a los tribunales. Siglos de historia, de la torre defensiva de la población de Xàbia, mantenida y reformada por ciudadanos y fondos públicos municipales, han pasado a propiedad eclesiástica".
Es por todo esto que Compromís ha presentado una proposición no de ley en la que por una parte se insta al Consell a reclamar al Ministerio de Justicia una lista de las inmatriculaciones de bienes inmuebles efectuadas por el Arzobispado de Valencia desde 1998. Y por otra se insta también al Consell para que la D.G. de Patrimonio realice las gestiones necesarias para inmatricular todos los bienes públicos sin registrar y los ponga a nombre de la Generalitat, previa consulta al ayuntamiento pertinente, ofreciéndole la información para que los inmatricule a su nombre si así lo estima y en caso contrario, formalizar el trámite como Generalitat para conservar el patrimonio valenciano en poder de sus legítimos propietarios, el pueblo.
