Campo de naranjasEl senador de Compromís, Carles Mulet, ha felicitado hoy a las unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como de la Unidad de la Policía Adscrita Valenciana y la Inspección de Trabajo por la operación que ha permitido acabar con los abusos contra los derechos de ciudadanos extranjeros y contra los trabajadores en un municipio de Castelló, donde al parecer se tenía a las personas trabajando en campos seis días a la semana durante 12 horas diarias por un sueldo equivalente a media jornada y sin contrato laboral, según informó el Ministerio de Interior.
Para el senador Mulet esta clase de personal "que comercia sin escrúpulos con los derechos de las personas hasta explotarlos de estas maneras encargándose del proceso de traslado e incluso de su residencia en viviendas sobran en nuestro país", ya que "someten a quienes están en los escalones más bajos de la sociedad aprovechándose en su beneficio de su vulnerabilidad" y ha recordado los intentos infructuosos de la coalición por mejorar vía PGE la presencia de unidades de inspección para acabar con esta clase de prácticas "que pueden tener unas consecuencias sanitarias indeseadas por las malas condiciones que sufren y en las que viven como estamos viendo con los brotes de Covid-19 en distintas zonas agrícolas de la geografía".
La coalición reclamó ya en 2016 aumentar el envío de inspecciones como denuncian las organizaciones agrarias ante abusos en plena temporada de la naranja "donde se han denunciado irregularidades laborales, tanto en almacenes como en los campos, como no abonar las horas extras y el Ministerio de Trabajo debe poner más medios para evitar estos abusos a los trabajadores, algo que redundaría en mejoras en su calidad de vida y la dignificación del trabajo en el campo".
La coalición pidió 8 inspectores durante la temporada de naranja, que sería eficaz para controlar la explotación y las prácticas de contratar lo más barato posible para ser competitivos ante la llegada masiva de fruta de terceros países de peor calidad y recolectada con trabajadores con menos derechos laborales.
Esta medida, que tenía un coste de unos 300.000 euros, no fue aceptada por el Gobierno del PP.
