El presidente de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante su intervención en el acto en defensa del Tajo-Segura organizado por el Sindicato Central de Regantes del trasvase (SCRATS). EFE-Morell
La defensa del trasvase Tajo-Segura ha reunido este lunes en Pilar de la Horadada a los gobiernos de la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia en un acto de alto voltaje político y agrícola en el que ambos ejecutivos han lanzado un mensaje común: en España hay recursos hídricos suficientes y cualquier recorte responde a una decisión estrictamente política.
Ante cerca de un centenar de representantes del sector agrario convocados por los regantes del acueducto, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el presidente murciano, Fernando López Miras, han coincidido en una defensa cerrada de una infraestructura que consideran vital para la supervivencia económica, social y territorial del sureste peninsular.
Ambos dirigentes han sostenido que los datos de disponibilidad hídrica desmienten el discurso de la escasez estructural.
Según han expuesto, en España caen cada año alrededor de 350.000 hectómetros cúbicos de lluvia; de ellos, unos 110.000 discurren por los cauces fluviales y el consumo total apenas ronda los 25.000 hectómetros cúbicos entre agricultura, abastecimiento humano e industria.
Con estas cifras sobre la mesa, el mensaje ha sido contundente: hay agua suficiente para todos si existe voluntad de redistribuirla.
"Hay agua para todos", ha insistido Pérez Llorca, mientras que López Miras ha sido aún más gráfico al afirmar que "sobra agua" y que miles de hectómetros cúbicos terminan cada año en el mar mientras después se recurre a la desalación con un elevado coste energético y ambiental.
La cita también ha contado con el respaldo del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura y de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, que han advertido de que la continuidad del trasvase no afecta solo al campo, sino al conjunto del tejido productivo y poblacional del sureste.
Pérez Llorca ha reivindicado el modelo hídrico del arco mediterráneo como ejemplo de eficiencia y reutilización y ha alertado de que una reducción del caudal transferido no supondría únicamente pérdidas económicas, sino "el fin de una forma de vida" para numerosos municipios de Alicante, Murcia y Almería.
El president ha recordado además que a la incertidumbre sobre el mantenimiento del acueducto se suma la futura normativa europea prevista para 2027 que limitará el uso de aguas subterráneas para riego, lo que incrementa aún más la dependencia de recursos transferidos.
Durante su intervención, el jefe del Consell ha acusado al Gobierno central de no plantear ninguna alternativa real para garantizar recursos al sureste y ha defendido la necesidad de que la alianza hídrica entre valencianos, murcianos y andaluces se extienda también a ayuntamientos y fuerzas políticas de distinto signo.
Su objetivo: impulsar un futuro Pacto Nacional del Agua que blinde jurídicamente las transferencias entre cuencas.
Preguntado por otras cuestiones políticas, Pérez Llorca ha evitado entrar en polémicas y ha zanjado: "Me quiero centrar en cosas importantes".
En la misma línea, López Miras ha señalado que la Comunitat Valenciana es "un gran aliado" en esta batalla y ha defendido que el debate del agua no concierne solo a agricultores y regantes, sino al conjunto de la ciudadanía porque de él dependen miles de empleos y buena parte de la actividad económica del sureste.
El presidente murciano ha acusado directamente al Ejecutivo central de querer reducir el trasvase por "voluntad política" y no por informes técnicos ni por criterios sociales.
También ha lamentado que de los cerca de 50 trasvases operativos que existen en España, solo el Tajo-Segura esté en el punto de mira de las restricciones.
López Miras ha recordado que el sector vinculado al agua transferida genera alrededor de 4.000 millones de euros de PIB y unos 100.000 empleos directos en Alicante, Murcia y Almería, por lo que ha advertido de que no se trata de una reivindicación sectorial sino de una cuestión de justicia territorial.
"No estamos pidiendo solidaridad sino Justicia porque los recursos son de todos los españoles y los ríos no son de los sitios por donde pasa", ha recalcado.
Con este acto conjunto, Comunitat Valenciana y Murcia escenifican una nueva ofensiva política y social para intentar frenar cualquier modificación del Tajo-Segura y convertir la defensa del agua en uno de los grandes frentes comunes del sureste español.
