Paco Novella. Recientemente algunos partidos de izquierda ponÃan en duda la vigencia y continuidad del vigente Concordato de España con la Santa Sede, viendo en ello cierto retraso o déficit democrático en un estado aconfesional que no adopta ninguna religión como la propia del Estado.
El Concordato con la Santa Sede de 1979 no es más que el modo en que el Estado desde su conformidad legÃtimamente constituida da forma jurÃdica a la realidad social española que estructura a través de éste las relaciones con la Iglesia católica si bien hoy dÃa cuantitativamente esa proporción o número no es igual sino menor a la existente en el momento de su acuerdo en 1979 ni son ciertamente iguales las circunstancias polÃticas en que se produce y en que se desarrolla.
El Estado mediante el Concordato con la Santa Sede no valida las creencias personales que no le corresponden ni tampoco su contrario sino que incorpora a su ordenamiento jurÃdico las relaciones derivadas de la existencia del fenómeno religioso como tal, reconociendo asà como sujeto activo una relación dirÃase contractual en cuestiones de mutuo interés que afectan de igual modo al Estado.
Un Concordato o también llamado tratado- también puede entenderse como acuerdo o convención-hace explÃcito el reconocimiento del acuerdo entre dos partes con personalidad polÃtica propias a través del cual vienen a establecer las relaciones y consecuencias en derecho de éstas, marcando el Estado en su misma raÃz la manera laica de concebir el factor religioso como bien social, efectivo y real.
El hecho de que tras más de treinta y cuatro años de vigencia se ponga en duda su existencia ahora obedece más a criterios de oportunidad polÃtica que a un estado general de la opinión pública contrario a éste, entendido éste como el aprovechamiento de un estado general de alarma y crispación donde las diferencias polÃticas se han hecho en ciertos casos insalvables. En este momento en el que las necesidades son tan apremiantes no cabe un cambio acelerado de todo y de todo cuanto antes mejor pues de ese modo las diferencias son antes perjuicios recÃprocos que una verdadera valoración de las auténticas urgencias de la población cuyos criterios de necesidad van por un extremo y ciertas propuestas de momento por otro.
