Parra Mateu, de espaldas, en otro juicio de la trama de las asesorías en el que condenaron a la alcaldesa de La Pobla de Farnals y al secretario municipal de Canet. P.V.Nueva condena para la 'trama de las asesorías', en este caso en Benissanó, en la comarca valenciana del Camp de Túria, teniendo como protagonistas a un funcionario del Consorcio de Museos de la Generalitat y funcionario en el Ayuntamiento de Chival así como el secretario municipal de Benissanó. Queda absuelta la alcaldesa en el momento en que se producen los hechos, puesto que el secretario actuaba de manera ilícita sin su conocimiento. Así, han resultado condenados a 6 años de inhabilitación el secretario municipal de Benissanó y un funcionario por contratos irregulares con la empresa de asesoría Asesores Económicos Públicos. Esta última estaba ''controlada y gestionada'' por Rafael Parra Mateu, quien fuera interventor del Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana. Precisamente, en el ojo del huracán están los familiares de éste, como se recogen en la setencia. Parra Mateu
Según consta en el auto, ''el perjuicio económico sufrido por el Ayuntamiento de Benissanó, considerando que las cantidades desembolsadas y no justificadas han sido: 2007, 2.300 euros; 2008, 28.675 euros; 2009, 30.600 euros; 2010, 22.675 euros; 2011, 9.800 euros, cuantificando la cantidad solicitada en un total de 83.375 euros''. En los hechos probados, se explica que la ''acusada Elosía, que era alcaldesa del Ayuntamiento de Benissanó procedió a realizar las contrataciones con el acusado Pablo Jesús, funcionario público en ejercicio, que utilizaba para sus fines delictivos a la sociedad mercantil Asesores Económicos Públicos SL, de forma verbal, sin establecer precio alguno''. ''Con la anuencia de Gabino, secretario interventor del Ayuntamiento de la época de los hechos, conscientes de que se estaban abonando facturas a una mercantil, Asesores Económicos Públicos SL, que no tenía contrato con dicho Ayuntamiento, por conceptos vagos y genéricos y sin fijar un precio cierto en el correspondiente expediente al margen de las contrataciones previstas en la legislación, se adjudicaban directamente a la sociedad Asesores Económicos Públicos SL , creada por el acusado Pablo Jesús con la intención de ocular su condición de funcionario público ejerciente en el Ayuntamiento de Chiva y desde el 31 de agosto de 2000, en comisión de servicios de interventor en el Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana, hasta el 28 de abril de 2015 que volvió a su puesto de Chiva, tras su cese en dicho organismo, como consecuencia de los hechos que se investigaron de prevaricación y malversación en dicho organismo (…) apareciendo como administradora única Mercedes, hija del acusado quien ejerció el cargo hasta 2007, pasando a ostentarlo otra hija del acusado Olga, posteriormente lo ostenta la mujer del acusado, Rafael, para pasar finalmente a Mercedes. Nombramiento de familiares directos que ninguna capacidad de gestión y administración real tenían pues en definitiva el acusado era el que controlaba realmente la sociedades, siendo su apoderado desde el 2 de abril de 2007, para la completa gestión real y efectiva de la sociedad, y titular de todas las cuentas bancarias''.
