La portavoz del Partido Popular en la Diputación de Valencia, Mari Carmen Contelles, ha resumido los dos años de Jorge Rodríguez al frente la corporación provincial como los del "sectarismo, la incoherencia y el colapso en la gestión".
Mari Carmen Contelles ha señalado que el equipo de gobierno de la Diputación "no cree en la institución y puede tratar de disfrazar con buenas palabras su gestión, pero la realidad es la que es: los municipios de la provincia de Valencia, especialmente los más pequeños, hemos perdido dos años".
"Quizá algunos no, como es el caso del ayuntamiento del que es alcalde, Ontinyent, que ha recibido más ayudas a dedo –1,36 millones de euros- que los 55 pueblos de la provincia de Valencia gobernados por el Partido Popular juntos –apenas un millón de euros-", ha continuado, "pero es un hecho que la mayoría de localidades valencianas se sienten discriminadas por las decisiones de Rodríguez y sus socios de gobierno".
La dirigente popular ha incidido en el "sectarismo" de los actuales gestores en la firma de convenios singulares con municipios. "Un reparto que ha superado los 13 millones de euros en 2016 y discrimina a los municipios pequeños, especialmente si son gobernados por el Partido Popular, mientras se conceden cerca de dos millones de euros para grandes municipios regidos por socialistas y Compromís".
"Sirva como ejemplo los 500.000 euros destinados a la rehabilitación de un chalet de la ciudad de Valencia donde se celebró la última reunión del Gobierno de la Segunda República, mientras niegan 40.000 euros para financiar la reparación del pozo que suministra agua potable a la población de Terrateig", ha añadido.
Asimismo, Contelles ha denunciado que las "consignas ideológicas del Consell condicionan las decisiones de la Diputación y se anteponen a la seguridad vial, el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos, como ocurre en Pedralba, que tiene suspendida la ejecución de la variante que desviaría el tráfico pesado que cruza la localidad pese a que la obra cuenta con todos los informes favorables e incluso está adjudicada".
La diputada popular considera que el gobierno formado por PSPV-PSOE, Compromís, Valencia en Comú y EUPV "se ha pasado el tiempo viendo como colocar a los suyos y discutiendo sobre qué recortes hacer en el presupuesto y las competencias de la Diputación para financiar las políticas del Consell y sumar puntos ante Puig y Oltra –como los 7 millones para pagar el plan de cambio de puertas y ventanas en los colegios que ha elegido el conseller Marzà-, además de plegarse a las iniciativas legislativas que están impulsando el Consell y Compromís –ley de mancomunidades y ley de comarcalización- para desmantelar las diputaciones".
En este sentido, Mari Carmen Contelles ha lamentado la incoherencia de Jorge Rodríguez, "un presidente que no cree en la institución que dirige. Difícilmente se puede gestionar correctamente si no crees en ella y en la labor tan importante que hace garantizando los servicios básicos a la población, especialmente de los municipios más pequeños".
Esa situación explicaría, según Contelles "el colapso que en la gestión, como el retraso del pasado año en la puesta en marcha del plan de comedores sociales, la gestión del cierre del Teatro Escalante o la ejecución del Presupuesto de 2016 que ha dejado más de 110 millones de euros sin gestionar".
Del mismo modo, se ha referido a los recortes que están aplicando en iniciativas sociales con gran demanda. "Quienes pretenden enarbolar la bandera de lo social con una mano, recortan con la otra a la mitad programas tan relevantes para los jóvenes como La Dipu te Beca".
Investigación del Tribunal de Cuentas y parálisis en Divalterra
Además, en la actualidad, tal y como ha recordado la portavoz, "el Tribunal de Cuentas está investigando a la Diputación por el retraso en el cobro de los recibos de residuos de Ontinyent, la localidad que Rodríguez preside como alcalde".
Mención aparte merece la parálisis que vive la empresa pública Divalterra, que tras los múltiples escándalos y los ceses de dos de sus tres gerentes en dos años, va a la deriva. "Una incertidumbre que lastra el trabajo diario de sus 700 empleados por la desconfianza entre Rodríguez y sus socios de Compromís y su incapacidad para acordar el nombramiento de una cogerencia o establecer el modelo de gestión de la empresa provincial. Un recelo constante que se palpa en la negativa de la vicepresidenta cuarta, Rosa Pérez, a firmar las cuentas de 2016 de la empresa provincial".
"Hemos asistido a dos años con más sombras que luces en una gestión empañada por casos como el polémico nombramiento de Vicent Flor al frente del IAM, el trato de favor mediante subvenciones y la cesión de la plaza de toros a Acció Cultural del País Valencià o la contratación a dedo de las imprentas del pueblo de Xavier Rius", ha concluido.
