Tras las informaciones aparecidas en prensa sobre el cobro del finiquito del exgerente de Divalterra, Víctor Sahuquillo, la portavoz popular de la Diputación, Mari Carmen Contelles, ha calificado la salida de Sahuquillo de Divalterra de "tomadura de pelo a costa del dinero de todos los valencianos".
"Después de vender a la opinión pública que el Sr. Sahuquillo dimitía por honorabilidad y para no perjudicar más a Jorge Rodríguez, nos encontramos con que no se ha producido tal dimisión y que se ha procedido a un despido altamente remunerado" ha añadido Contelles.
Para Contelles "se ha intentado confundir interesadamente a la opinión pública, intentando revestir de honestidad la salida de Sahuquillo para tapar su desastrosa gestión de Divalterra. La supuesta carta de dimisión del exgerente no ha sido más que otro paripé y finalmente se ha procedido a despedirlo para beneficiarle económicamente con una indemnización mucho mayor a lo que le correspondería si realmente hubiera dimitido."
Según la portavoz "Si la dimisión no se ha producido, el Sr. Sahuquillo no ha asumido ninguna responsabilidad de las múltiples irregularidades señaladas por las dos auditorías y que pese a los intentos por reducirlo todo al gasto en bebidas alcohólicas o el uso del coche oficial, van mucho más allá".
"Los 21.969 euros que ha abonado la empresa pública para el despido de Sahuquillo, suponen una gratificación económica a su mala gestión con el dinero de todos y deja en entredicho al mismo presidente de la Diputación. Cabe recordar que 24 horas antes de anunciar la supuesta dimisión, declaraba que no habían datos objetivos para que Sahuquillo no estuviera al frente de la nueva Imelsa." ha destacado Mari Carmen Contelles.
Para los populares el despido supone un reconocimiento de la mala praxis del exgerente y el fracaso del modelo de gestión de Divalterra, que en apenas 18 meses ha apartado de la gestión a dos gerentes, un jefe jurídico y la actual gerente de Compromís ha sido acusada públicamente por la consejera de EU imputada en el caso Taula de querer apartarla del Consejo de Administración.
Desde el grupo popular denuncian que los actuales gestores de la Diputación siguen sin explicar por qué se paralizó in extremis un contrato de 600.000 euros con criterios de adjudicación subjetivos y se niegan a entregar a la oposición los trabajos contratados a la abogada vinculada al ex jefe de gabinete de Rodríguez, José Manuel Orengo, también investigado judicialmente.
Por otra parte la portavoz popular ha criticado la parálisis que vive la gestión de Divalterra. "las desavenencias entre PSPV y Compromís están perjudicando gravemente a la empresa pública Divalterra, especialmente a los 700 trabajadores y sus familias que viven con incertidumbre los bandazos de la gestión y su incapacidad para consensuar un modelo de gerencia." ha concluido Contelles.
