La portavoz del Partido Popular en la Diputación de Valencia, Mari Carmen Contelles, ha avanzado que su grupo presentará en el próximo pleno de la corporación provincial una moción para instar al Consell a retirar el proyecto de Ley de la Huerta de Valencia y a aplicar medidas de apoyo claras, específicas y concretas para garantizar la viabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas.
Mari Carmen Contelles ha explicado que la regulación que pretende implantar el Consellha recibido "el rechazo prácticamente unánime del sector agrícola porque no responde en absoluto a las necesidades de los agricultores que desarrollan su actividad en l´Horta, de tal manera que no va a servir para la finalidad de protección de la huerta que persigue".
"El proyecto de ley –ha continuado- no garantiza la supervivencia y la viabilidad de las explotaciones agrarias y convierte al agricultor en el único responsable de cuidar la flora, fauna, el paisaje, además del patrimonio histórico e hidráulico de la huerta, y todo eso, sin recibir nada a cambio, dado que el borrador de presupuestos para el 2018 no contempla ninguna ayuda para ellos". De hecho, las únicas que se contemplan en la ley -que no tiene reflejo real en los presupuestos de la Generalitat para 2018- están reservadas para los agricultores profesionales, "menos de un 20 % de los propietarios de los terrenos afectados por esta ley".
Contelles ha recordado que las propias organizaciones agrarias, en este caso AVA-Asaja, han denunciado que la norma "establece muchas obligaciones y apenas contiene acciones de apoyo específico para los agricultores, ni tampoco especifica una dotación presupuestaria clara para acometer planes de modernización, reestructuración parcelaria o innovación que permita lograr una agricultura competitiva y rentable".
"En definitiva –ha criticado- esta Ley que pretende proteger la huerta atenta contra la supervivencia de los agricultores tradicionales que son los que la han mantenido hasta hoy, y sin agricultores no habrá agricultura, y sin agricultura no habrá huerta".
Contelles ha lamentado que el Consell trate la huerta "como un mero paisaje, sin tener en cuenta a este espacio como lo que es y ha sido históricamente, un sector económico y productivo. La Ley limita, encorseta y ejerce una política intervencionista que coarta la libertad de los agricultores para desarrollar sus campos".
Entre los acuerdos que propone la iniciativa del Grupo Popular se plantea instar a la Generalitat a articular un Plan de Desarrollo Agrario consensuado con los representantes de los agricultores y dotado con un presupuesto suficiente que, según los cálculos del sector y de organizaciones como AVA-Asaja, tendría que situarse en torno a los 37 millones de euros al año.
Asimismo, se solicita un incremento de los recursos que contempla el Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización de la Huerta de Valencia (PATODHV) en materia de formación, observatorio de precios, racionalización de fitosanitarios y fertilizantes, recuperación de variedades autóctonas y locales, creación y promoción de una marca de calidad, canales de comercialización, banco de tierras, pago por servicios ambientales e incentivos fiscales.
También incorporar a esta estrategia la conservación y mantenimiento de caminos rurales, control de la fauna silvestre, investigación, desarrollo e innovación, favorecer el relevo generacional, mejora de las estructuras agrarias, mantenimiento del patrimonio hidráulico, etnológico y vegetal, y adaptación de instalaciones.
Otra de las cuestiones que defiende el PP es la utilización preferente de los incentivos fiscales para revertir la situación en los suelos agrarios infrautilizados y bajo ningún concepto emplear la vía represora, como es el caso de la expropiación tal y como contempla la ley que pretende aprobar el Consell.
La moción contempla también la exigencia de no limitar la elección del cultivo en cada parcela agrícola ni privilegiar un tipo de cultivo frente a otro (hortícola sobre arbóreo); no limitar la elección del sistema de regadío en cada parcela agrícola; facilitar la reestructuración parcelaria para mejorar la competitividad de las explotaciones agrarias; facilitar los trámites administrativos para llevar a cabo cualquier infraestructura necesaria para la actividad agraria; otorgar un peso específico y significativo a los representantes de los agricultores en la composición del Ente Gestor, órgano encargado de gestionar todos los usos y actividades que se van a poder realizar en la Huerta de Valencia; incluir como beneficiarios de las medidas contempladas a todos los agricultores y no únicamente a los agricultores profesionales.
